Autónomos: el eslabón más débil

El actual y acelerado deterioro que sufre la eco nomía nacional afecta a todas las capas y sectores de la población, en su condición de consumidores, empleados, empleadores o autónomos, pero quizá sea este último sector social quien sufre de forma más directa los impactos de la inflación y el estancamiento del crecimiento y el que cuenta con menos coberturas y apoyos para afrontar esta situación.

De entre los casi 3,5 millones de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, algo más de 1.600.000 son trabajadores independientes o empresarios individuales, que no cuentan con sociedad constituida ni contratan habitualmente trabajadores por cuenta ajena. Estos trabajadores/empresarios son el eslabón más débil de la cadena económica y social, el último tramo de la subcontratación en cadena, y además desarrollan su actividad en sectores en los que se puede afirmar que la anunciada desaceleración es ya una crisis abierta, como la construcción, el transporte, la agricultura o el comercio minorista.

Sólo la capacidad de aguante explica que en las últimas crisis no haya disminuido el número de autónomos

Los autónomos son los primeros en detectar nuevos escenarios de actividad económica

En general, todos ellos sufren la restricción crediticia. El autónomo es consumidor inevitable de productos financieros para cubrir sus necesidades de circulante de forma habitual. El descuento de letras o pagarés y los préstamos a corto plazo son instrumentos imprescindibles, más aún en una situación de mayor morosidad en los cobros y ajuste en las condiciones de pago de los grandes clientes, pero en la actual situación, las entidades financieras han endurecido las condiciones de acceso a estos productos y exigen unas garantías que difícilmente la debilidad patrimonial del autónomo medio puede ofrecer. La apertura de líneas de avales por parte del ICO u otras agencias financieras públicas sería un instrumento inestimable para abordar esta situación.

Más de 600.000 autónomos trabajan en la construcción. La paralización de la actividad promotora residencial les afecta muy directamente, ya que ejercen en su mayoría oficios vinculados a los últimos trabajos en el periodo de finalización de obras, como electricidad, carpintería, cerrajería, etcétera. La medida de promoción de la obra pública en nada amortigua esta situación. Sólo la rehabilitación de edificios y viviendas podría ayudar a mantener este empleo, pero estas acciones son más lentas y difíciles de ejecutar.

El transporte, la agricultura o la pesca son sectores muy tocados por el fulgurante crecimiento de los costes del gasoil. Hoy en muchos sectores se tiene que trabajar por debajo del coste real, debilitando de esta forma la renta disponible de miles de familias de microempresarios y autónomos. Mientras tanto, tienen que hacer frente al pago de los módulos objetivos del IRPF o a las cuotas de la Seguridad Social. Los sistemas objetivos para el cumplimiento de las obligaciones sociales y fiscales a veces se convierten en una "trampa económica" en los momentos de mayor crisis.

El comercio familiar que no forma parte de cadenas de distribución ha descendido sus ventas en el último trimestre en más de un 7%, mientras que las grandes superficies crecen menos que antes, pero mantienen en general su volumen de ventas. Se están produciendo trasvases de ventas, ya que los consumidores concentran sus compras en pocos establecimientos. Los alardes de anuncios para aumentar la libertad de horarios no hacen más que dificultar esta situación y pueden producir abandonos de la actividad por parte de pequeños comercios con el consiguiente aumento del desempleo.

Otros muchos sectores de autónomos, como los encargados de mantenimiento, técnicos informáticos, teleformadores, talleres de reparación, sufren directamente los efectos de la reducción de gastos en grandes empresas. Son el primer coste a eliminar.

Para los autónomos no hay expedientes de regulación de empleo, no hay indemnizaciones ni coberturas por desempleo, pero tienen que seguir pagando sus costes mínimos o a los trabajadores que dependen de ellos en su caso.

Sólo la capacidad de aguante y sacrificio de este colectivo explica que en las últimas crisis económicas el número de autónomos no haya disminuido en nuestro país y que sigan siendo el principal amortiguador de las situaciones de deterioro. Los autónomos son los primeros en detectar nuevos escenarios de actividad económica para derivar su trabajo, aunque luego estos "nichos", en la medida que ofrecen una suficiente rentabilidad, acaban controlados en condiciones casi de oligopolio por las grandes corporaciones empresariales.

También la pérdida de empleo tiene efectos en el trasvase de trabajo asalariado hacia el trabajo por cuenta propia, bien por indicación (o presión) de las propias empresas o por la necesidad de buscar salidas ante la falta de oferta en el mercado de trabajo ordinario. Ante esta situación, la Administración debe controlar abusos, pero también favorecer las nuevas iniciativas emprendedoras, puesto que a veces es necesario hacer de un problema una oportunidad.

Otro ámbito de preocupación es el efecto sobre los miles de extranjeros que recientemente se han incorporado a la actividad empresarial en nuestro país, pero que lo han hecho de una forma todavía precaria pendiente de consolidación. Ellos han realizado inversiones proporcionalmente muy importantes para su capacidad, que tendrán que afrontar en condiciones de gran esfuerzo, aun mayor del que ya hacen.

En todo caso, la sociedad debe compensar el inestimable apoyo que a la economía hacen los millones de autónomos españoles, pero las primeras medidas que vamos conociendo no parecen ir en esa dirección. El plan de recolocación de la construcción no incluye medidas para los autónomos, las líneas financieras extraordinarias se dirigen a las grandes empresas, la subida de la tarifa eléctrica no discrimina positivamente a las industrias y comercios más pequeños, se anuncian medidas fiscales negativas para este colectivo en el peor momento, los compromisos en materia de protección social previstos por la nueva Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo aún no se han desarrollado y algunas medidas podrían peligrara bajo el fantasma de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Sebastián Reyna Fernández es secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España.