A estas alturas, pocas bromas
Algunos amables lectores y algunos amigos que siguen mis reflexiones quincenales en EL PAÍS / NEGOCIOS me han recriminado, afectuosamente pero un tanto sorprendidos, que mis análisis sobre la situación económica general, y en particular de la española, son excesivamente pesimistas.
Pido disculpas por ello. Entre otras cosas porque suelo ser de natural optimista y propenso a ver la botella medio llena aunque esté casi vacía, como es el caso. Pero creo, sinceramente, que no es tiempo de eufemismos. Y ya vale de "desaleceraciones aceleradas", de "ajustes abruptos" o de "dificultades objetivas".
Hablemos claro: estamos ante una auténtica crisis económica de alcance todavía difícilmente cuantificable, pero, sin duda, indiscutible. Esto es lo que hay, y, como se dice en madrileño castizo, se acabó la presente historia.
El Gobierno debe decir a los ciudadanos cuál es la situación real. Y que tiene una hoja de ruta
Y el Gobierno, a rastras, no va a tener más remedio que reconocerlo. Y, como todos nos jugamos mucho, debemos ayudarle. Aunque, a corto plazo, esto pase por decirle que deje de negar la realidad. Pocas bromas a estas alturas de la película.
Y, a lo mejor, es bueno recordar lo que los Gobiernos pueden y no pueden hacer.
Es evidente que el margen de maniobra para la política económica se ha reducido enormemente. Especialmente, desde nuestra incorporación a la Unión Económica y Monetaria Europea y, por consiguiente, a la moneda única, al euro.
Hemos perdido toda capacidad para, desde el Gobierno, utilizar la política monetaria para controlar los tipos de interés, la oferta de dinero, y, por lo tanto, la tasa de inflación. Por supuesto, nada podemos hacer, desde España (más allá de imprudentes comentarios como el reciente del presidente Rodríguez Zapatero, sobre las políticas del Banco Central Europeo, nada respetuosos con la independencia -sagrada constitucionalmente, desde Maastricht- del mismo). Dejemos que el BCE haga su trabajo. Y hasta ahora lo está haciendo razonablemente bien.
Tampoco nos queda mucho margen en términos de política fiscal y presupuestaria. El Pacto de Estabilidad está ahí. Y que dure. Y eso significa que los márgenes deben venir no de incurrir de nuevo en déficit presupuestario, sino en contención seria del gasto público -evitando efectos nefastos en términos del ya casi olvidado crowding out [expulsión]- y en medidas desde el lado de los ingresos y, como es intuible, desde el lado de los impuestos.
En las Jornadas del Círculo de Economía, en Barcelona, celebrando su 50º aniversario, tuve la ocasión de preguntarle a Rodrigo Rato, máximo responsable de la política económica española durante ocho años de éxito, sobre qué debería hacerse en la actual y difícil coyuntura. Y contestó, diplomática, pero claramente, que los márgenes de maniobra son los que son. Y que no debemos pedirle a los Gobiernos que hagan lo que ya no pueden, ni deben, hacer. Y estoy radicalmente de acuerdo.
Pero dijo también que, en este contexto, sólo queda espacio para las reformas estructurales. También, como todo el mundo, de acuerdo. Fácil de decir y muy difícil de hacer.
Partamos, pues, de una constatación para poder, de verdad, avanzar.
Ya no volverá, al menos en un horizonte previsible, un escenario basado en una oferta prácticamente ilimitada de recursos financieros a coste real negativo. Esto se ha terminado. Y los genios empresariales basados en estos parámetros morderán -ya lo están mordiendo- el polvo. Y el Gobierno también. Tampoco regresaremos a un escenario de costes energéticos y de materias primas baratos. Esto va a seguir por mucho tiempo y debemos adaptarnos cuanto antes mejor. Vienen tiempos de precios altos del dinero, de la energía y de las materias primas. Y eso obliga a reajustar de manera clara y evidente la combinación de factores productivos para seguir siendo competitivos en los mercados globales.
Y la pregunta, a partir de ahí, puede parecer elemental: si los márgenes son tan escasos, ¿qué podemos pedirle a los Gobiernos?
A largo plazo, me parece evidente que le pidamos políticas, desde hoy, con efectos a años vista. Me refiero a políticas de fomento de la innovación, de la investigación y el desarrollo tecnológico. También, sin duda, debe proseguir el esfuerzo en la dotación de infraestructuras, que actúa tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Y, luego, algo que nuestro país necesita como el aire que respiramos: una educación orientada a fortalecer nuestra competitividad, sin que esté sometida, como lamentablemente así ha sido hasta ahora, a los vaivenes políticos. No creo que sobre estos temas quepa gran discrepancia. Eso sí: hay que hacerlo. Desde ya.
Pero además, hay que actuar a corto plazo. Y algo se puede hacer.
En el ámbito fiscal y tributario, suprimiendo no sólo el impuesto sobre el patrimonio (buena medida que el PP no fue capaz de realizar), sino el de sucesiones y donaciones (que las autonomías gobernadas por el PP sí están suprimiendo). También cabe rebajar el impuesto de sociedades y modificar la tributación sobre los movimientos de capital (algo que se hizo, con gran eficacia, por cierto, en 1996, si hablamos del trato fiscal sobre las plusvalías).
Asimismo queda margen para, a través del diálogo social, reformar el mercado de trabajo, incidiendo tanto en la rigidez salarial como en la de los despidos, compatibilizándolo con la seguridad y la formación en el puesto de trabajo. Y ahí el nuevo ministro, que apunta buenas maneras y razonables ideas, merece un margen de confianza, particularmente a la hora de afrontar el fenómeno de la inmigración. Pero de eso ya hablaremos otro día.
Queda un último comentario: hay algo que un Gobierno de un país de la Unión Monetaria puede y debe hacer, más allá de lo dicho.
LIDERAR. Transmitir veracidad y confianza. Más allá, pues, de medidas concretas. Decirle a los ciudadanos cuál es la situación real, qué se puede o no se puede hacer. Pero que se tiene una hoja de ruta. Sin engañarles. Sin eufemismos. Pocas bromas, pues.
Josep Piqué es economista y ex ministro.
