La reforma del voto emigrante causa recelo entre los partidos

PP, PSdeG y BNG dejaron ayer constancia en el Parlamento de la desconfianza con la que han iniciado la tramitación de la reforma electoral que debería hacer posible que los emigrantes puedan votar en urna en las elecciones autonómicas del año próximo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, convencido de la falta de voluntad del PSdeG de completar a tiempo la reforma, instó ayer a los demás grupos a demostrar su compromiso apoyando la celebración de un pleno extraordinario en el mes de julio que garantice la llegada de la propuesta al Congreso en el mes de septiembre. Carlos Aymerich, portavoz del BNG, que en varias ocasiones ha manifestado el interés que PP y PSdeG tienen en mantener el actual sistema de voto por correo, pidió "coherencia" a ambas formaciones y un compromiso para que sus respectivos grupos en Madrid apoyen la reforma.

El tercero en discordia, el socialista Ismael Rego, cuestionó a su vez las intenciones del Bloque recordando que uno de los motivos por los que la reforma aún no se ha tramitado es porque los nacionalistas abandonaron durante tres meses la ponencia creada hace un año para impulsarla.

A pesar del recelo demostrado por los tres dirigentes políticos, nadie quiere aparece como el culpable de que la reforma no se complete a tiempo de ser aplicada en las autonómicas. Por esa razón sí se han puesto de acuerdo en acortar al máximo los plazos de tramitación, hasta el punto de que el socialista Rego cree viable completar todo el proceso este mismo mes, para que la iniciativa se apruebe en sesión plenaria, el 30 de junio.

Feijóo volvió a acusar al PSdeG de la comisión de un "fraude electoral continuado" financiado con fondos públicos, en alusión al caso de la supuesta agente electoral. Pese a esta afirmación, el líder del PP no quiso explicar si su partido presentará denuncia en los tribunales si no nadie en la Xunta o en el PSdeG asume responsabilidades políticas. En este asunto, subrayó, estarían implicados el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, el conselleiro de Traballo, la diputada socialista Marisol Soneira, el alcalde de Muxía y el secretario general de Emigración.