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De la Vega y Barberá, cara a cara

La vicepresidenta formaliza sus promesas y la alcaldesa pide más

La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, viajó ayer a Valencia para cumplir un compromiso electoral y regresó a Madrid con nuevas peticiones apuntadas en la agenda.

La alcaldesa reclama solución a los accesos, el deslinde de El Saler y Patraix

En el guión de la mañana de reuniones que celebró De la Vega en la Delegación del Gobierno figuraba, en primer lugar, la firma de un protocolo entre el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Vivienda para la rehabilitación de la pescadería del Mercado Central. Como número 1 por Valencia en las pasadas elecciones generales, la vicepresidenta prometió que el Gobierno participaría en esta obra, y así quedó rubricado ayer por la alcaldesa, Rita Barberá, y la ministra Beatriz Corredor. El ministerio pagará el 50% -el total rondará los cuatro millones de euros-, más el coste del proyecto y de la dirección de obra.

Barberá dio las gracias por el apoyo del Gobierno a la recuperación del Mercado Central y por la presencia en el acto de la vicepresidenta. Y como el asunto de la pescadería ya estaba en vías de arreglarse, la alcaldesa aprovechó el encuentro previo a la firma para reiterarle a De la Vega su oposición al deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en la costa de El Saler, y exigir su intervención en el conflicto de la subestación eléctrica de Patraix, empantanado desde que la instalación sufrió una explosión hace un año. Y una cosa más: la mejora de los accesos a Valencia por carretera, en los que "cualquier pequeña colisión" causa atascos "que llegan hasta dentro de la ciudad". No mencionó la alcaldesa que también la Generalitat tiene competencias en los accesos a Valencia, como es el caso de la autovía de Ademuz, un laberinto de obras que soportan diariamente miles de conductores.

De la Copa del América no se habló, pero Barberá explicó acabado el acto que "cada vez" que De la Vega viene a Valencia le plantea "temas relacionados con la ciudad", y en este caso "los mismos que en anteriores encuentros". Seguirán hablando, añadió.

"Como buena alcaldesa, [Barberá] aprovecha la presencia del Gobierno de España para pedir mejoras en su ciudad", apuntó sonriente la vicepresidenta al final de la mañana. Cumplida la promesa del Mercado Central con un protocolo que es "expresión de la colaboración entre administraciones", De la Vega se comprometió también a "dar una solución" al traslado de la polémica central de Patraix y a encontrar un "punto de encuentro" para cumplir la Ley de Costas y preservar la Devesa de El Saler. Quedaban las carreteras. El Gobierno "es consciente" del problema de los accesos y está "claramente comprometido" con Valencia, dijo De la Vega. El Ejecutivo buscará soluciones "con todas las administraciones" implicadas. Apuntado queda el asunto en la lista de compromisos de la vicepresidenta.

La subestación de Patraix se traslada

Dos colectivos se entrevistaron ayer con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y ambos salieron satisfechos de sus reuniones. Los miembros de Aspertous, una asociación de damnificados por la rotura de la presa de Tous que reúne a unas 2.300 personas que aún tenían pendiente el pago de créditos bancarios por la catástrofe, vieron un "avance significativo" en el compromiso que ya adquirió De la Vega en enero para "poner punto final a una historia dura y difícil". La liquidación de los préstamos, que en parte asume el Gobierno, se cerrará en septiembre.

"Muy contentos" salieron también de su reunión los representantes de la plataforma contra la subestación de Patraix, que se manifestaron a las puertas de la Delegación del Gobierno y fueron recibidos por De la Vega. "Se ha tomado mucho interés", aseguró Tomás Frutos, de la plataforma, tras la entrevista fuera de agenda. La solución al problema de la central eléctrica de Patraix, rodeada de viviendas y vecinos preocupados desde que sufrió una explosión, no es fácil. Hay recursos judiciales pendientes, y dos empresas -Red Eléctrica Española e Iberdrola- que pretenden reabrir la instalación y no asumen el coste de un traslado. El Ayuntamiento ofrece suelo pero tampoco financiará una nueva ubicación, y el Ministerio de Industria no ha pasado de ofrecer diálogo.

En ese contexto, De la Vega se comprometió a "dar una solución correcta" al conflicto en un plazo breve, a ser posible "en unas semanas". El Gobierno estudiará "a fondo" la información sobre la subestación -los vecinos han enviado su propio dossier- y lo hará con las eléctricas, el ministerio y el Ayuntamiento, aseguró la vicepresidenta. Se analizará la ubicación "adecuada" para que no haya "ningún riesgo o inseguridad" para los vecinos, y la financiación del traslado. Un asunto espinoso que habrá que estudiar "detenidamente". El coste, en cualquier caso, no será un obstáculo. "No va a dejarse de hacer, las administraciones hemos determinar a quién corresponde la financiación y cómo se va a abordar", destacó De la Vega.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de junio de 2008

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