Malas consecuencias

El virulento conflicto del transporte dejará en la economía española dos secuelas de cierta gravedad que constituyen un lastre indeseable en un periodo de empeoramiento económico profundo. La primera y más inmediata es el encarecimiento de los alimentos, próximo al 20% como media, pero que en el caso de algunos productos llega hasta duplicar el precio. Las proyecciones más optimistas auguran una subida de la inflación en junio de entre cuatro y seis décimas como consecuencia de la huelga de los transportistas. Aunque el Gobierno ha sugerido que esta elevación inducida de los precios será momentánea y se corregirá en julio y agosto, es muy probable que se prolonguen las subidas oportunistas de precios con la coartada de la falta de abastecimiento. Las redes comerciales y de distribución en España no se caracterizan por su transparencia ni por la competencia abierta. Por lo tanto, la huelga de los transportistas autónomos acarreará más inflación a corto plazo y todos los ciudadanos pagarán sus consecuencias.

No es sólo en los precios donde puede manifestarse el oportunismo de algunos agentes económicos. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha alertado sobre la posibilidad de que algunas empresas utilicen el conflicto como excusa para proceder a expedientes de regulación de empleo de dudosa justificación. Se ha lanzado a la opinión pública, como una especie de globo sonda, el cálculo de que el paro patronal obligará a las empresas a despedir a 22.000 personas. Pues bien, en este caso, como en el de los precios, hay que tomarle la palabra al ministro de Trabajo y exigir que las regulaciones de empleo se examinen detenidamente y se rechacen aquellas en los que quepan dudas sobre su idoneidad.

Ya que al Gobierno le costó encontrar inicialmente los reflejos suficientes para evitar la huelga, y ya que tampoco ha podido imponer reconversiones en el sector del transporte y frenar los contratos abusivos en el mercado, deberá evitar ahora que se magnifiquen los pésimos efectos del conflicto sobre el crecimiento. Si bien las consecuencias de la huelga no serán tan catastróficas como suponen quienes predicen que hará bajar la tasa anual de crecimiento hasta el 1% a finales de 2008, también es cierto que el daño económico pudo haberse evitado o minimizado con una gestión política más activa que la demostrada, esta vez sí acertadamente, una vez iniciado el conflicto.

Las autoridades económicas parecen muy renuentes a tomar la iniciativa en casos conflictivos, como el de la huelga de transportes, o que exigen soluciones complejas, como el de la situación económica deteriorada -que los socialistas se resisten a llamar crisis-, hoy infradiagnosticada por parte de la Administración. La economía española sufre de algo más que una desaceleración coyuntural y requiere como mínimo nuevas políticas (energéticas, fiscales) y reformas más enérgicas y ambiciosas.