Los fiscales abroncan a los alcaldes por callar ilegalidades urbanísticas

Los ayuntamientos colaboran poco en la lucha contra los delitos medioambientales, incluidos los urbanísticos. Varios, como algunos de Málaga, incluso mantienen una actitud "más bien complaciente y poco beligerante" contra los infractores, según recoge la memoria de la Red de Fiscales Medioambientales andaluces, que se hizo pública ayer.

Cuatro de los ocho fiscales provinciales -Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla- critican la falta de colaboración de las administraciones locales, a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística. El de Sevilla sólo reconoce la labor de tres de los 105 ayuntamientos de la provincia: Utrera, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada. Para los demás, advierte de que "la inacción" de algunos ha terminado por crear "espacios de impunidad". El fiscal de Cádiz, por su parte, habla de "palmaria dejación" de funciones, sobre todo en el "ejercicio de las facultades de inspección previas a las de sanción y restablecimiento de la legalidad".

La Fiscalía de Almería incide en un dato subrayado por otros fiscales: "casi todas" las diligencias de investigación en materia urbanística se abren a raíz de atestados policiales. "Es decir, los ayuntamientos [...] no están remitiendo denuncias relacionadas con construcciones ilegales". El de Málaga, además de quejarse de la actitud de algunos municipios, aprecia también cierta relajación en la delegación provincial de Obras Públicas, que en 2006 interpuso 89 denuncias y en 2007, sólo 23.

Las fiscales medioambientales abrieron el año pasado 1.475 investigaciones, 52 más que en 2006. El urbanismo, un año más, acaparan la mayoría de las diligencias (1.039).El número de delitos urbanísticos investigados por la Fiscalía en 2007 creció en cuatro provincias (Cádiz, Granada, Huelva y Jaén) y disminuyó en las otras cuatro. El incremento más importante fue en Cádiz, donde las diligencias abse multiplicaron por cuatro y pasaron de las 77 de 2006 a 345; en Granada, la Fiscalía investigó el año pasado el doble de casos que el anterior (102 frente a 48). Con todo, este dato no es el más significativo de la memoria del fiscal medioambiental de Granada. Más llama la atención la bronca del fiscal a los jueces por su "resistencia" a decretar la demolición de edificaciones ilegales. Lo que sigue es un resumen del contenido de la memoria:

- Almería. Tres de los nueve partidos judiciales acumulan el 67%: Huercal-Overa (38), Vera (18) y Almería (17). Pero la cifra más destacable es la del número de juicios celebrados en 2007 en los juzgados de lo penal contra la ordenación del territorio: sólo 11. "El número es extraordinariamente bajo en comparación con el número de procedimientos de 2007 y años anteriores", sostiene el fiscal, que encuentra en "la complejidad" de la instrucción y la falta de medios la explicación a este dato. Sobre los procedimientos por prevariación urbanística, en 2007, la Fiscalía investigó a 13 alcaldes. "Contra algunos de ellos se tramitan múltiples procedimientos".

- Cádiz. Los ataques al patrimonio histórico han aumentado por la falta de conciencia sobre su importancia y "por lo enormemente lucrativo de su mercado ilícito". Es la conclusión a la que llega en su memoria la Fiscalía de Cádiz, que pide una reforma en el Código Penal. La Fiscalía alerta también sobre el incremento y la complejidad de los delitos urbanísticos. Núñez atribuye estos casos a "la generalizada sensación de impunidad" respecto a los delitos contra la ordenación.

- Córdoba. La lucha contra las viviendas ilegales en el término municipal de Córdoba sigue concentrando la actividad de los fiscales especializados de la provincia. Y, en concreto, uno de sus objetivos es la protección del entorno del yacimiento de Medina Azahara, donde se concentra "el 90% de los delitos urbanísticos de la ciudad", según los fiscales. Parecía que se había frenado la construcción durante 2007, pero en el último trimestre del año pasado "se han reanudado las actividades ilegales en la zona".

- Granada. El principal problema interpretativo con el que se han encontrado el fiscal de medioambiente parte de "la resistencia de algunos órganos enjuiciadores a aplicar la medida de demolición de la edificación o construcción ilegal". Sobre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el fiscal especialista en Granada alude también a "discrepancias" con los órganos enjuiciadores porque la Fiscalía sigue apreciando en los tribunales penales "una cierta incomprensión de la dinámica del injusto del delito ecológico como tipo de peligro hipotético". Así, se refiere a casos en los que se consigue presentar material probatorio suficiente para acreditar la existencia de una conducta contaminante y la identidad de las personas responsables pero en los que el juez los absuelve por "la falta de acreditación suficiente de la relación causalidad con daños medioambientales efectivos". La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga incide en la necesidad de medios y lamenta que ni siquiera puede hacer "el seguimiento que sería necesario a las diligencias incoadas".

- Huelva. Los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de uso forestal a agrícola-, especialmente en el entorno de Doñana, es uno de los problemas más destacados por la Fiscalía en Huelva. Pero los fiscales también recuerdan la lucha en materia urbanística, como "las construcciones ilegales en parajes protegidos (Parque Natural de la Sierra de Aracena y zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre)"; o los casos de contaminación acústica, junto a todo lo relacionado con los residuos mineros y vertederos y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera. La Fiscalía ya ha tramitado casos en la zona de Río Tinto y Niebla, especialmente.

- Jaén. La Fiscalía llama la atención sobre las captaciones ilegales de agua que han proliferado y que "deberían ser objeto de un mayor control por parte de los organismos encargados de la autorización y concesión de la explotación". Respecto a los delitos urbanísticos, en el último año han tenido una incidencia especial en las zonas cercanas a la capital, especialmente en parajes protegidos. La Fiscalía también observa la falta de criterios uniformes entre los distintos juzgados de lo Penal a la hora de acordar la demolición de las viviendas ilegales.

- Málaga. En la provincia hay dos fiscales adscritos, pero el volumen de casos les impide incluso asistir a todas las vistas orales por estas causas ya que no se dedican en exclusiva a estos asuntos. Dentro de la dejación que detecta la fiscalía en los ayuntamientos y la Junta llama la atención el descenso del número de denuncias de la Consejería de Obras Públicas, que de 89 en 2006 pasó a 23 el año pasado. Por el contrario, el Ayuntamiento de la capital ha doblado sus denuncias, pasando de 25 a 52.

- Sevilla. Entre los delitos urbanísticos, la Fiscalía destaca que las edificaciones derivadas de parcelaciones ilegales "siguen proliferando". Además de criticar la falta de iniciativa de los ayuntamientos para denunciar ilegalidades urbanísticas, el fiscal se queja de esta misma "inacción" en los delitos de contaminación acústica. En 2007 se abrieron "varios" precedimientos por esta causa, pero "ninguno de ellos a instancia de la administración local, originariamente encargada de las inspecciones [...]".

Información elaborada por Ginés Donaire, María José López Díaz, Manuel Planelles, Libertad Paloma, Valme Cortés y Manuel Albert.