El BBVA pide que testifique la directora de la Alhambra
El BBVA, que era el banco encargado de la venta anticipada y reserva de entradas a la Alhambra hasta julio de 2007, ha solicitado al juez que investiga el supuesto fraude en el control de acceso al recinto monumental nazarí que declaren como testigos la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, y la secretaria general, Victoria Chamorro.
La entidad financiera hace esta solicitud, según consta en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Granada, para que aclaren el contenido, entrega y elaboración de diversas actas de reunión de la comisión de seguimiento del convenio entre la entidad y el Patronato, firmadas por ambas.
El BBVA apunta la posible comisión de un delito de falsedad documental puesto que argumenta que algunas de ellas "no existían".
En su escrito, el banco detalla que hay actas ahora aportadas por el Patronato a autos que "no fueron elaboradas en la fecha que se indica, no fueron entregadas en su día al BBVA, ni realizadas por el procedimiento habitual". Además, agrega que ha sido al obtener copia de las actuaciones cuando ha tenido conocimiento de las mismas, que no se corresponden en ocasiones ni con los temas tratados en las reuniones.
Mismo bolígrafo
La entidad financiera precisa en el documento que las actas a las que alude "parecen haber sido realizadas en un mismo momento y con el mismo bolígrafo", pese a tener fechas diferentes.
Su presentación en el juzgado puede tener "especial trascendencia" por si constituyeran los hechos un delito de falsedad documental y aportación en juicio de documento falso.
Tras recibir la documentación, el juez que instruye el caso desde hace más de dos años ha solicitado a la Fiscalía que informe al respecto. La investigación sobre el posible fraude en la venta de entradas al recinto monumental nazarí se ha cobrado ya la imputación de medio centenar de personas, la mayoría trabajadores del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Se les atribuye la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y daños en el Patrimonio Histórico.
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