Los camioneros afrontan divididos el conflicto

Si algo caracteriza los conflictos del transporte es la ensalada de siglas de las distintas organizaciones que dicen representar a un sector muy atomizado, con más de 130.000 empresas, de las que más del 90% tiene menos de cinco vehículos.

La primera división es entre convocantes y no convocantes, pero dentro de estos últimos también hay disensiones. La CETM, que representa al 60% de los transportistas y a las grandes empresas, no apoya los paros. Frente a esta patronal están Fenadismer, Confedetrans, Antid y Upta, los convocantes oficiales del paro indefinido que comenzó esta madrugada.

Los afectados denuncian un sobrecoste de 16.000 euros al año

Otras asociaciones, como la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, van al conflicto por su cuenta. Reunieron a varios cientos de transportistas el sábado en Morata de Tajuña, y no han sido llamados a negociar por el Gobierno. Pese a su reciente creación, dicen que han agrupado a más del 80% del sector, están a favor del paro indefinido -están en huelga desde el día 6- y niegan representatividad al resto de convocantes. Su portavoz, Antonio Llanos, señaló ayer que "habrá desabastecimiento general" si el Gobierno no se aviene a negociar.

Y hay más. Como Asnepa, que dice representar, entre otros, a todo el transporte portuario. Enfrentada también a Fenadismer, propone una gran manifestación el próximo 18 de junio en el paseo de la Castellana de Madrid, que demuestre la unidad del sector. Hasta el momento se han sumado ya a esta convocatoria 3.000 camiones, según dijo ayer Pedro Mezquida, presidente de la asociación. Tras la manifestación, si el Ejecutivo no atiende a razones, Asnepa propone la convocatoria de una huelga general.

Pero no son las únicas partes en conflicto. Por medio, están también los armadores, los pescadores y los agricultores, divididos a su vez entre sí. Y quedan por definirse las asociaciones de transporte de viajeros, cuya actividad está sometida a tarifas reguladas.

En lo único que todas las asociaciones parecen coincidir es en la causa del conflicto: el encarecimiento del gasóleo. Desde mayo del año pasado, el precio del litro de este carburante ha subido un 36,8%. Teniendo en cuenta que el consumo de un camión tipo es de 46.200 litros, la factura anual para el transportista se ha incrementado en 16.170 euros en un año, según la denuncia de Fenadismer.

Las reivindicaciones de los convocantes son de todo tipo pero las fundamentales se refieren al precio del gasóleo. En primer lugar, piden una ley que garantice una tarifa mínima obligatoria para cada tipo de transporte, para evitar que haya empresas que realicen los portes por debajo de costes. En segundo término, exigen una nueva normativa que permita la revisión automática de las tarifas del transporte cuando varíe el precio de los carburantes.

Asimismo, piden la desaparición del llamado céntimo sanitario para el transporte profesional. Este impuesto es aplicado por seis comunidades autónomas (Galicia, Madrid, Valencia, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha) con una recaudación anual de más de 400 millones de euros, que se usan para financiar la sanidad.

Por el momento, el Gobierno no es partidario de aplicar ninguna de las dos primeras medidas mediante una ley, y tan sólo ofrece una especie de mediación o arbitraje entre los transportistas y sus clientes para que los contratos puedan ser revisados de acuerdo con el precio del gasóleo

Con los Gobiernos autonómicos, los camioneros lo tienen aún peor. Ninguna de las seis autonomías ha hecho ni ademán de anular el impuesto. Es más, tanto Cataluña como Madrid han dicho expresamente que no lo retirarán.

En este sentido, un portavoz de la Comunidad de Madrid indicó ayer que no eliminarán el impuesto, "pero al menos lo mantendremos congelado", como han hecho en los últimos cinco años.

La Generalitat Valenciana dijo ayer que no hay una decisión tomada todavía sobre la posible supresión del céntimo sanitario, pero lo mantendrán al menos este año. La razón es que el recargo está incluido en el Plan de Estabilidad Presupuestaria que el Consell asumió para el periodo 2004-2008 por exigencias del Ministerio de Economía, señaló un portavoz de la Consejería de Economía, informa Cristina Sánchez.

La Comisión Europea dictaminó en mayo pasado que esta figura tributaria, que permite gravar con hasta 2,4 céntimos el litro de gasóleo, vulnera la legislación comunitaria y exigió a España que la modificara. Si no lo hace en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.