Sindicatos y padres plantan cara a la política educativa del Consell

Prou de desgavells, imposicions i ingerències en l'ensenyament. Los sindicatos mayoritarios del sector de la enseñanza, STEPV, CC OO, UGT y CSI-CSIF junto con la Confederación Gonzalo Anaya, que agrupa a la mayoría de los padres y madres de alumnos de la Comunidad Valenciana, han decidido plantar cara a la política educativa del Consell y convocar una manifestación para el próximo martes 10 de junio.

Las razones de esta movilización, según Gemma Piqué, vicepresidenta de la confederación es que "a 15 días de terminar el curso, están pendientes de publicar prácticamente todos los decretos y órdenes para aplicar la Ley Orgánica de Educación (LOE) en septiembre".

"La política del Gobierno popular se sitúa fuera de las leyes del Estado"

La Síndic requiere a Educación por el impago de trienios a 11.000 interinos

No es la única causa. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) todavía no ha publicado la orden que obliga a impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La ausencia de esta normativa provoca no pocos problemas a los equipos directivos de los centros escolares, porque no pueden planificar el próximo curso, según Vicent Baguetto, de la Asociación Profesional de Directores. Por si la orden no se publica en breve, las direcciones de los institutos se preparan para impartir la asignatura en "valenciano y castellano, como cualquier otra materia". Además, advierten de que existen "serias sospechas sobre la legalidad del proyecto" y reclaman que se paralice la publicación de la orden.

Desde que el presidente del Consell, Francisco Camps, anunció en noviembre pasado que "los alumnos de ESO estudiarán Ciudadanía en inglés", la Generalitat ha lanzado una ofensiva en Educación sin contar con los sindicatos ni las asociaciones de padres y madres de alumnos. Estos colectivos han conocido varios proyectos -como la nueva Ley Valenciana de Educación, la habilitación de "aulas retén" para alumnos conflictivos el próximo curso, la aprobación de un decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, el Plan Éxit contra el fracaso escolar, la emisión de un bono infantil de gestión privada o el regreso del uniforme escolar a las aulas públicas- a través de los medios de comunicación o de notas oficiales de la consejería."Cuando hablamos de desvaríos nos referimos a todas las ocurrencias de fin de semana, como el uniforme, la Ciudadanía en inglés, etcétera, con las que el consejero [Alejandro Font de Mora] sale a la palestra anunciando absurdos impugnables en los tribunales, con la intención de desviar el debate social de temas tan importantes como es el desarrollo normativo de la LOE", subrayaba ayer Albert Sansano, responsable de Política Educativa del STEPV, en la conferencia de prensa conjunta con CC OO, UGT, CSIF y la Confederación de padres Gonzalo Anaya.

Toda una declaración pública de movilización social si el consejero no cambia su gestión. "Sin la seriedad y la construcción que se requiere no se puede hacer una política educativa seria en el País Valenciano", afirmó Sansano.

"El no a la falta de consenso y de acuerdos en temas educativos", adoptado en el seno de la confederación valenciana de padres de la escuela pública -y apoyado por la secretaría general de la CEAPA en España- fue el otro mensaje directo lanzado por la vicepresidenta valenciana, Gemma Piqué, quien advirtió a la Generalitat, y, en particular, al consejero de Educación: "No vamos a consentir más que no se tengan en cuenta nuestras propuestas y alegaciones aprobadas por unanimidad en el seno del Consejo Escolar Valenciano". Y puso como ejemplo "máximo de unanimidad" el consenso alcanzado el 25 de enero en el Consejo Escolar sobre los cambios que debía introducir la Administración en el polémico Decreto de Derechos y Deberes. A lo que siguió el "desprecio" de Font de Mora, sólo dos días después, anunciando que mantendría intacto el espíritu del texto.

Con todo, las críticas más duras de la comunidad educativa fueron contra las "medidas regresivas" y el "recorte de libertades" que parece inspirar la política del Ejecutivo autonómico del PP a la hora de "rebajar" el alcance de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por el Gobierno socialista en el Estado. La batalla contra la nueva asignatura de Ciudadanía se ha saldado en Valencia con "recortes" al currículo del ministerio, de obligado cumplimiento en todas las autonomías.

De manera que temas criticados desde los sectores más duros de la derecha -como las leyes que regulan el matrimonio entre homosexuales o el aborto- se suprimen del decreto, sin tener competencias para ello.

Mientras, las competencias autonómicas del Consell (un 55%) para completar los decretos estatales, "valencianizando" los currículos para adaptar su organización al sistema educativo propio, se han usado justo a la inversa. "El desarrollo de la LOE, los decretos de Bachillerato, los de Infantil, etcétera, llegan a última hora, sin debate, y rematadamente mal elaborados, mientras se implantan medidas retrógradas como el uniforme escolar. ¿Para mejorar el rendimiento académico?", se preguntó Piqué.

Manolo Picó, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, declaró: "Esta convocatoria es un paso más dentro de la protesta recogida bajo la exclamación Prou! / Basta! contra la política del Gobierno popular". Una política que, advirtió Picó, se sitúa "al margen de las normas y de las leyes marcadas para todo el territorio del Estado". "Ahora", añadió, "tenemos el no de las madres de alumnos. Un no a la manera de hacer".

Miguel del Pino, de la central CSIF, condenó la política laboral y salarial dirigida por la consejería, el mismo día en que UGT se reunía por la tarde con la Síndic de Greuges por la deuda de 10 millones de euros acumulada por el Consell por el impago de los trienios a cerca de 11.000 profesores interinos. La Síndic ya ha requerido a la consejería a que presente la lista de interinos reconocidos y se comprometió ayer, en una reunión con Gerardo Fernández, el responsable de Relaciones Institucionales de Fete-UGT a hacer el requerimiento del pago inmediato, incluidos los intereses de demora.

A la bronca económica se sumaron por la tarde las presiones de la FSIE y los representantes de los docentes de la red privada de CC OO y UGT por el impago de la deuda acumulada en los últimos dos cursos.