Fadesa pone a la venta el polígono de O Pino por 93 millones de euros
El Tribunal Superior confirma la paralización de las obras decretada por Cultura
La promotora Martinsa Fadesa ha renunciado a explotar directamente el polémico parque empresarial que desarrolla en el ayuntamiento coruñés de O Pino y ya ha puesto precio al millón de metros cuadrados que promueve a escasos 18 kilómetros de Santiago: 93 millones de euros. Los problemas administrativos del polígono industrial, que acumula procesos judiciales en distintas instancias, y la situación económica que atraviesa la promotora de Fernando Martín -acuciada por los bancos que han refinanciado parte de su elevada deuda- han llevado a los directivos de la gestora de suelo a ponerse en manos de la consultora inmobiliaria Richard Ellis para colocar en el mercado este desarrollo urbanístico. Según consta en la documentación de esta agencia, el comprador del parque empresarial de O Pino deberá hacer frente a 93 millones de euros, más el 3% (2,8 millones) de comisión que Richard Ellis exige por mediar en la operación.
Nuevas denuncias de los vecinos porque las máquinas siguen trabajando
Lo que no figura en el informe de la consultora, ni en las especificaciones urbanísticas sobre el suelo, ni en las observaciones, son los obstáculos administrativos y judiciales que todavía deberá superar este plan parcial hasta que las grúas empiecen a levantar las primeras naves industriales.
Sobre el proyecto impulsado por el alcalde popular de O Pino, Manuel Taboada, pesan actualmente dos órdenes de paralización distintas de las consellerías de Cultura y Medio Ambiente. La primera, para determinar si parte del polígono invade una traza del Camino de Santiago, acaba de ser ratificada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que el pasado 2 de junio desestimó un recurso presentado por el Ayuntamiento de O Pino para que los trabajos siguiesen su curso. Según consta en el auto, contra el que cabe recurso de súplica en un plazo de cinco días, "no ha lugar a la adopción de la suspensión instada por la parte actora [el Ayuntamiento de O Pino] contra la resolución del director general de Patrimonio Cultural", que decretó la suspensión de las obras de urbanización, a la espera de que se delimite un tramo de la ruta principal del Camino Francés.
El segundo decreto, dictado por la Consellería de Medio Ambiente, ordena detener las obras en el resto de la parcela. Esta decisión dictada por Augas de Galicia parte de una denuncia del Seprona que detectó modificaciones en el cauce de varios arroyos como consecuencia de movimientos de tierras realizados sin la preceptiva licencia.
Pese a las sucesivas órdenes de paralización de la Xunta, varias máquinas de Migasa, una de las subcontratas que participa en el proyecto, han seguido trabajando sobre el terreno durante las últimas semanas, lo que ha provocado nuevas denuncias de los vecinos afectados ante las consellerías de Medio Ambiente y Cultura. Las alegaciones de los perjudicados se basan en un informe elaborado por técnicos arquitectos que considera "insuficiente" la red de evacuación de pluviales prevista en el proyecto de urbanización. Las lluvias de estos últimos días que han inundado de barro varios tramos del Camino de Santiago avalan esta tesis. Además, según otro escrito presentado ante el organismo Augas de Galicia, las obras del parque empresarial no garantizan el respeto a los 17 manantiales existentes en el ámbito del polígono industrial.
Los litigios derivados del parque empresarial no terminan ahí. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior deberá pronunciarse sobre la validez de las reclamaciones que varios propietarios de fincas (que suman 600.000 metros cuadrados de terreno) presentaron ante el Ayuntamiento de O Pino. Si se confirma que las solicitudes fueron presentadas en plazo, tal y como defienden los vecinos, Fadesa deberá pagarles 12 millones de euros por sus tierras. El Tribunal de Expropiación de la Xunta ya determinó que el precio objetivo de los terrenos es de 18 euros el metro cuadrado. En una circular del ayuntamiento, el alcalde recomendó a sus vecinos vender las fincas a seis euros el metro cuadrado.
