Guipúzcoa seguirá cobrando en la A-8, pese a admitir su mal servicio

La Diputación de Guipúzcoa seguirá cobrando, a través de la sociedad pública Bidegi, los peajes que tiene establecidos por circular por la autopista A-8 (Bilbao-Behobia), pese a reconocer que en estos momentos no está ofreciendo "un servicio de vía rápida", según manifestó ayer el diputado de Carreteras, Eneko Goia.

La oposición critica que se mantengan los peajes, pese a los problemas

En una comparecencia ante las Juntas Generales, Goia admitió que el desprendimiento ocurrido el pasado 12 de mayo en esta autopista a la altura de Zumaia está "ocasionando molestias" a los conductores y generando retenciones en las horas punta, al encontrarse cerrado uno de los carriles en dirección a Bilbao. Sin embargo, Goia defendió el mantenimiento del cobro porque los beneficios que se obtienen con él recaen en "una sociedad pública" (Bidegi) y revierten en el "interés general de los ciudadanos".

Goia replicó de este modo a las peticiones de los representantes del PP, EB y Aralar de levantar las barreras en los peajes cuando "no se da el servicio que se paga". El popular Íñigo Manrique llegó a afirmar que la A-8 es "un castigo para los usuarios". El titular de Carreteras sostuvo que podría entender la "beligerancia" de estos grupos por eliminar el peaje "si la gestión de la autopista estuviese en manos de una empresa privada".

Respecto al corrimiento de tierras que obligó a cortar la autopista en Zumaia, Goia anunció que los dos carriles se abrirán al tráfico en unos quince días, cuando finalicen los trabajos para retirar del lugar los 8.000 o 9.000 metros cúbicos de rocas que se han retirado de la ladera. La Diputación y Bidegi están tratando de averiguar las causas del desprendimiento, aunque Goia avanzó que el origen de la falla está situado en un terreno de propiedad privada y fuera del dominio de la autopista.

El diputado indicó que la ladera donde se registró el derrumbe en Zumaia y la zona próxima de Itziar donde en diciembre de 2005 se produjo otro no figuraban como zonas de alto riesgo en un estudio geotécnico realizado en 2002, un año antes de revertir la propiedad de la A-8 en la Diputación.