¿Quién paga las obras?

Cuando se construyeron a mediados del siglo pasado, las viviendas de la barriada de Las Protegidas se encontraban en el extrarradio de Jaén. Hoy, sin embargo, se han convertido en la manzana de oro al ocupar el centro urbano de la capital, entre la plaza de las Batallas y El Corte Inglés, pero al mismo tiempo en objeto de discordia entre las más de 500 familias que allí viven y la Consejería de Obras Públicas a cuento de un plan de rehabilitación polémico. La Junta pone encima de la mesa 20 millones de euros para remozar el exterior del barrio, pero los vecinos están recogiendo firmas para que se cumpla un compromiso anterior, según el cual, la administración autonómica también debe financiar las mejoras en el interior de cada vivienda. La polémica está servida.

La ubicación de los edificios, que antes era periférica, es ahora privilegiada

La paulatina revalorización de esta barriada hizo aflorar en los últimos años una feroz ofensiva de constructores y promotores inmobiliarios, que intentaron seducir a los inquilinos prometiéndoles viviendas nuevas a cambio de luz verde para acometer una ambiciosa y millonaria actuación urbanística que estaba supeditaba al aumento de edificabilidad de la zona. El anterior equipo de gobierno, del PP, alentó incluso esa operación, calificada desde la oposición como especulativa, que requería la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, la Junta de Andalucía cortó de raíz cualquier intento de especulación y, en 2005, incluyó esas viviendas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por considerar que se trataba de un ejemplo urbanístico de la arquitectura racionalista de mitad del siglo pasado. La mayoría de los vecinos mostraron su disconformidad con manifestaciones y otras protestas y, más tarde, presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la medida de protección de las viviendas, un recurso que podría desembocar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y su fallo demorarse aún varios años.

Como compensación a la protección de la barriada -medida que impedía a los vecinos acometer cualquier obra, pese al deterioro de muchos inmuebles- la Consejería de Obras Públicas anunció un plan de rehabilitación integral de la barriada.

En 2006 creó una oficina para la redacción de ese plan, que debería haber estado listo un año después. Sin embargo, no fue hasta el mes pasado cuando el delegado provincial en Jaén, Rafael Valdivielso, presentó a las cuatro comunidades de Las Protegidas el anteproyecto, que incluye instalación de ascensores, conducción de agua, instalación de placas solares, más plazas de aparcamientos en los patios (se prevé que haya una por vivienda), conversión de las zonas interiores en espacios de ocio y disfrute para los residentes, entre otras actuaciones.

"Por parte de la Junta, los deberes están hechos", señaló el delegado de Obras Públicas, que añadió que para las mejoras en el interior de las casas los vecinos se pueden acoger a las ayudas, de hasta el 50%, incluidas en el Plan de Rehabilitación Autonómica. Pero es aquí donde radica el principal desencuentro entre vecinos y administración. "Hay un cambio sustancial en el criterio de actuación, antes se hablaba de una rehabilitación integral y ahora se supedita los arreglos en cada vivienda a la renta de cada inquilino", señala Tomás Méndez, portavoz de una de las cuatro comunidades de Las Protegidas.

Méndez lamenta que la Junta olvide ahora el compromiso de la anterior consejera, Concepción Gutiérrez, para sanear también el interior de las viviendas (paredes, instalaciones eléctricas y tuberías antiguas) para evitar futuros daños, todo ello con un proyecto que estaría financiando por la Junta con el 75% del total, aunque podía llegarse al 100% en función de las rentas. Sin embargo, en una de las comunidades los vecinos, apremiados por la situación de deterioro de las cubiertas de sus inmuebles, han dado una opinión mayoritaria a la rehabilitación por parte de la Junta.