Emilio Barberá dimite al hacerse públicos sus negocios

La Consejería de Educación anunció ayer la dimisión de Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidad y Ciencia y ex secretario autonómico de Empresa. Su retirada se produjo tras la publicación en EL PAÍS de que ha simultaneado su cargo con distintas responsabilidades en dos empresas biotecnológicas, sector directamente relacionado con su puesto. Barberá fundó la última compañía, Celartia Europe Sociedad Limitada, de la que es administrador y socio único, hace tres meses.

El ex secretario autonómico ocultó su actividad privada al Consell, admitió ayer el vicepresidente primero, Vicente Rambla, por cuya oficina debería haber pasado, en todo caso, su petición de compatibilidad.

La ley que regula los conflictos de intereses del personal de las administraciones públicas deja, sin embargo, poco margen para la duda: Prohíbe "la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas, o entidades privadas siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado".

Barberá deja el cargo tras una turbulenta relación con los universitarios (a quienes acusó de poder trabajar más por lo que cobraban), y tras haber centrado sus energías en el polémico proyecto de la VIU. Será sustituido por María Amparo Camarero, directora de departamento en la Universidad Jaume I de Castellón.

Emilio Barberá empezó con mal pie en el Gobierno valenciano. Pocas semanas después de ser nombrado secretario autonómico de Empresa, en marzo de 2006, este periódico publicó su tormentosa salida del rectorado de la Universidad del País Vasco a principios de los años noventa. El Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad autónoma, que llegó a dictar una orden de busca y captura contra él, acabo sentenciando en 1999 que Barberá se había apropiado indebidamente de 34.900 euros de los fondos de la institución, y le ordenó restituirlos.

La Consejería de Educación anunció ayer la dimisión de Emilio Barberá, secretario autonómico de Universidad y Ciencia y ex secretario autonómico de Empresa. Su retirada se produjo tras la publicación en EL PAÍS de haber simultaneado su cargo con distintas responsabilidades en dos empresas biotecnológicas, sector directamente relacionado con su puesto. Barberá fundó la última compañía, Celartia Europe Sociedad Limitada, de la que es administrador y socio único, hace tres meses.

El ex secretario autonómico ocultó su actividad privada al Consell, admitió ayer el vicepresidente primero, Vicente Rambla, por cuya oficina debería haber pasado, en todo caso, su petición de compatibilidad.

La ley que regula los conflictos de intereses del personal de las administraciones públicas deja, sin embargo, poco margen para la duda: Prohíbe "la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas, o entidades privadas siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado".

Barberá deja el cargo tras una turbulenta relación con los universitarios (a quienes acusó de poder trabajar más por lo que cobraban), y tras haber centrado sus energías en el polémico proyecto de la VIU. Será sustituido por María Amparo Camarero, directora de departamento en la Universidad Jaume I de Castellón.El ya dimitido alto cargo llegó al Consell de la mano de Justo Nieto, pero le sobrevivió. Cuando, tras las elecciones autonómicas del año pasado, Nieto fue apartado del Gobierno valenciano, Barberá volvió a ser nombrado secretario autonómico, esta vez de Universidad y Ciencia, en la reunificada Consejería de Educación dirigida por Alejandro Font de Mora.

Lo que comenzó con roces (iniciados con su discurso en la apertura de curso de la Universitat de València, donde dijo que otras instituciones conseguían mejores resultados con presupuestos menores) acabó en un enfrentamiento abierto con los rectores.

Uno de ellos llegó a calificarle de "enemigo número uno de las universidades". Otro afirmó que lo único bueno de su mandato era que había generado una cohesión nunca vista en las cinco universidades públicas.

Pero Barberá no es del tipo de los que se arredran. Aseguraba a quien quisiera oírle que el único problema de las universidades era que se ahogaban en dinero (cuando la deuda de la Generalitat con los campus alcanzaba los 717 millones de euros); que como gestores, los rectores eran unos aficionados; y que en las cuentas universitarias reinaba el desconcierto: parecía que cualquiera podía meter la mano en la caja.

El consejero de Educación le encargó que se dedicara sobre todo a la creación de la VIU (siglas en inglés de la Universidad Internacional Valenciana), una plataforma virtual, privada pero financiada con dinero público, que ya había empezado a ser diseñada en la etapa como consejero de Justo Nieto. Font de Mora y Barberá instaron a las universidades a sumarse a un proyecto que, les aseguraron, les haría ganar dinero. Ningún rector creyó aquello, a la vista de otras experiencias parecidas, como la de la Universitat Oberta de Catalunya. Pero se declararon dispuestos a integrarse con unas condiciones mínimas que, a tenor de los acontecimientos, no se han cumplido: a estas horas, ningún campus público se ha adherido a la VIU, algo que sí que han hecho las dos universidades privadas valencianas.

La diputada socialista Ana Noguera relacionó ayer las actividades privadas del ex secretario autonómico con la misma concepción de la Valencian International University. "Barberá ha querido trasladar a la VIU su experiencia en los negocios: montar una universidad privada sostenida con fondos públicos. Algo que como mínimo bordea el fraude de ley".

En una conferencia impartida en el Parque Tecnológico de Paterna, antes de acceder al Consell, Barberá aseguró que para que una "pequeña empresa de biotecnología" (como la suya) sobreviviera era necesario que recibiera al mismo tiempo financiación privada y financiación pública. Más adelante, Barberá tuvo la llave de esta última al mismo tiempo que continuaba haciendo negocios.

En ese momento, sin que nadie lo supiera, Barberá estaba violando la ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El artículo 3 establece que el desempeño de funciones públicas como la suya "será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia".