Condenado el ex alcalde de Pinto por coacciones a una empleada

El Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe ha condenado al ex alcalde de Pinto (40.900 habitantes) el socialista Antonio Fernández por un delito de coacciones a una de las trabajadoras de la empresa municipal Aserpinto -dedicada a la limpieza, el mantenimiento y la recogida de residuos-, de la que era presidente cuando ocurrieron los hechos.

Según la sentencia, Fernández, que recurrirá ante la Audiencia Provincial, debe pagar una multa de 36.000 euros y no podrá presentarse a unas elecciones en dos años. También han sido condenadas las personas que en ese momento ocupaban la dirección y la subdirección de la empresa pública y la dirección de recursos humanos. Cada uno de ellos abonará 13.500 euros de multa, y no podrán ocupar cargos públicos durante 18 meses. Además, la trabajadora, Paloma Crespo, será indemnizada con 4.000 euros.

Los hechos ocurrieron en 2001. Tras ser despedida, Crespo denunció a la empresa y consiguió que su despido fuera calificado como improcedente. Los trabajadores tenían un acuerdo con el Ayuntamiento por el que, si un despido se calificaba de esta forma, podían elegir entre cobrar la indemnización o ser readmitidos. Crespo eligió esto último, por lo que Aserpinto la readmitió en septiembre de ese mismo año.

La empleada se vio obligada a soportar de sus superiores actitudes que el juez considera delictivas: amenazas directas del ex alcalde -que en una reunión llegó a advertirle de que se le haría "la vida imposible"-, insultos, cambios de mesa de trabajo, en la que no disponía de teléfono u ordenador. La sentencia detalla cómo se dieron órdenes para que el aparato de aire acondicionado estuviese a 15 grados donde Crespo trabajaba.

Un mes después de reincorporarse, la empleada se acogió a una baja por un trastorno ansioso depresivo. Nunca más volvió a trabajar para Aserpinto.