Un barrio de Lugo se levanta contra la concesión de pisos a familias gitanas

El barrio lucense de A Ponte, situado entre el río Miño y los márgenes de la antigua carretera de Santiago, está en pie de guerra por la concesión de 27 viviendas de protección oficial a familias gitanas. Los vecinos llevan dos días manifestándose y están dispuestos "a lo que haga falta" para evitar que los gitanos se asienten en el barrio. Medio centenar de residentes cortaron ayer el tráfico en el barrio.

El presidente de la asociación de vecinos, José Antonio Vázquez, señaló ayer que se siente tranquilizado tras recibir la promesa de la Consellería de Vivenda de que no se instalarán más de 4 o 5 familias calés. En principio, el departamento autonómico otorgó a personas de esa etnia 27 de los 56 pisos protegidos. De todas formas hay gente en el barrio que lo lleva con menos calma. Uno de los vecinos, M. G., sostiene que el barrio de A Ponte "ya no será lo mismo". "Todo el mundo sabe que la adaptación en masa es imposible. Pronto llegarán los problemas con la droga y lo que es peor: ¿Quién llevará a sus hijos al colegio de A Ponte?".

Los pisos se adjudicaron de acuerdo con los baremos que establece la ley. La coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Lugo, Eva Vera, admite que la mejor solución para la integración pasa por "una mayor dispersión" y nunca a través de un reagrupamiento tan masivo. Con todo, Vera hace un llamamiento a la "tranquilidad" y subraya que se trata de un proceso de adjudicación pública y no de un realojo. "Todos los beneficiarios cumplen los requisitos y criterios establecidos y tienen todo el derecho del mundo a tener una vivienda", subrayó.

Mientras tanto, el portavoz del gobierno local, el socialista José Rábade, trasladó el problema al PP. Recordó que la ley que rige los criterios para adjudicar esas viviendas viene de la etapa de Manuel Fraga en la Xunta y que el solar se cedió al Gobierno autónomo cuando era alcalde el popular Joaquín García Díez. Similar argumento empleó la Consellería de Vivenda en un comunicado. Rábade afirmó que el ayuntamiento está en contra de este sistema de adjudicación y enfatizó que el criterio que sigue el gobierno local, dentro de sus disponibilidades y competencias, es el de adquisición de pisos en distintos puntos de la ciudad para facilitar la integración de personas pertenecientes a colectivos marginales.

El PP registró un escrito en el ayuntamiento para que inste a la Xunta a que los procesos de adjudicación se hagan "con transparencia" y se posibilite la participación de los colectivos afectados, tanto de posibles adjudicatarios como de los vecinos donde se asientan las viviendas. "Sólo así se evitarán tensiones", apostilló el edil Xosé Manuel Barreiro. Del total de familias gitanas que llegarán al barrio de A Ponte, integradas por una media de tres a seis personas, 14 residen en distintos puntos de la ciudad y las otras 13 proceden del poblado chabolista de O Carqueixo.

Actualmente, en Lugo hay unos 600 gitanos repartidos en 135 pisos por distintos puntos de la capital que están "mayoritariamente adaptados", según Vera.