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El PP rebaja sus condiciones para el pacto de la justicia

El PP ha rebajado ligeramente sus exigencias para el futuro pacto de la justicia, al que condiciona la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

En el último borrador remitido al PSOE pide que, ante las discrepancias entre ambos partidos sobre el papel instructor del fiscal, se cree una comisión que estudie la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, según fuentes del PP.

En los anteriores contactos el PP mencionaba expresamente la renuncia del PSOE a dar a los fiscales el papel que ahora corresponde en exclusiva a los jueces. En esa propuesta se hace referencia a la reforma del modelo del Consejo General del Poder Judicial, pidiendo al PSOE que "no sea sustituido por 17 consejos autonómicos".

El PP se refiere al desarrollo de los estatutos aprobados la última legislatura, especialmente el catalán y el andaluz, que prevén la creación de consejos autonómicos. El resto de puntos incluidos en ese borrador se refieren al aumento de medios materiales y personales para la justicia y la reforma del recurso de casación del Tribunal Supremo.

En este punto, el PP quiere recuperar un acuerdo que estuvo a punto de cerrar con el PSOE en la anterior legislatura. Aquel pacto, negociado por Ignacio Astarloa, preveía desatascar el Supremo desviando competencias a los tribunales superiores y estableciendo un filtro más estricto.

Un escollo

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El PSOE ha estudiado durante toda la semana la propuesta por escrito del PP y tiene previsto convocar a sus responsables en los próximos días para una nueva reunión.

El escollo principal es que el PSOE quiere renovar el Poder Judicial ahora, sin condiciones previas, y negociar luego cualquier reforma de la justicia. En todo caso, considera que en esa reforma deben incluirse sólo cuestiones relacionadas con medios, pero no reformas legales. Estas últimas, añade, deben ceñirse al contenido de su programa electoral.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tiene previsto comparecer en las próximas semanas en el Congreso para exponer los planes para la legislatura. En ellos incluirá, junto a la mejora de medios, las de reformas legales según el programa del PSOE.

Los socialistas no renuncian a la creación de los consejos autonómicos porque están en los estatutos, porque los aprobó el PP en el caso del de Andalucía y porque CiU, PSC y ERC exigen su desarrollo legal.

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