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Aguirre se desmarca del contrato para inmigrantes

La presidenta de Madrid rechaza la ley que impulsa Camps

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se desmarcó ayer del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y renunció a aplicar un contrato de integración para los inmigrantes como estudia hacer el Gobierno valenciano.

"El compromiso que tienen que asumir los que vienen de fuera es el mismo que los de aquí; cumplir las leyes", afirmó Aguirre en una entrevista realizada en la Cadena SER.

Aguirre fue muy clara al ser interpelada por el contrato de integración que pretende implantar el Gobierno valenciano. Sin dudar ni un instante, afirmó: "Yo no estoy aplicando ningún contrato. A mí me parece que lo importante es que los ciudadanos cumplan las leyes y conozcan las leyes". La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional indicó que en su autonomía sí están ofreciendo "en todos los centros para inmigrantes unos cursos, empezando por la lengua, pero también la legislación básica que tienen que conocer. Estamos ayudándoles a poder integrarse lo mejor posible".

Coincidiendo con el desmarque de Aguirre, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, salió en defensa del proyecto de ley de Integración de los Inmigrantes. "Lo único que se pretende es poder dar adecuadas condiciones de vida al inmigrante, pero al mismo tiempo parece razonable que esa llegada no se limite exclusivamente a su relación laboral sino que haya simplemente una voluntad de participar en nuestra sociedad el tiempo que esté aquí", dijo Rambla.

En este contexto, el responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal y obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, también criticó el contrato que pretende hacer firmar la Generalitat a los inmigrantes asegurando que éste no va dirigido "principalmente en el bien del inmigrante sino en la garantía de nuestros derechos e intereses".

Sánchez afirmó, como responsable de Migraciones de los obispos, que él no está en contra de la regulación de los inmigrantes pero advirtió de que la ley que prepara el Gobierno de Francisco Camps "tiene una filosofía" con la que no está "de acuerdo". El obispo apostó por defender "otros principios más humanitarios, solidarios y para nosotros, más cristianos".

"Las leyes de extranjería e inmigración están fundamentadas todas ellas sobre la defensa de los intereses nacionales y la regulación de la economía y del mercado", prosiguió el responsable de la Conferencia Episcopal, "principios que no son los deseables", porque no considera a los inmigrantes en cuanto a sus derechos fundamentales sino como un motor de la economía.

"Las leyes sobre inmigración y extranjería me ponen siempre en guardia incluso, porque hay una filosofía subyacente inicial con la que no estoy de acuerdo. Es decir, el inmigrante en estos países desarrollados es un colchón de la economía, es como un muelle, al que se le deja subir fuerte cuando lo necesitamos, entre todos los que quieran, y cuando las cosas se ponen mal que se vayan cuanto antes", explicó el obispo.

"Unos principios así", continuó el obispo de Sigüenza-Guadalajar, "no son unos principios deseables de una ley justa, ni solidaria con estos pueblos con situación de pobreza que inician la inmigración por la necesidad".

Los socialistas valencianos también criticaron ayer la pretensión del Consell de impulsar un contrato para inmigrantes.

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