Dos ex directivos de 'Espejo público' ganan un juicio a Antena 3
La reestructuración laboral que acometió Antena 3 en 2003 y que le costó el puesto de trabajo a 215 empleados de la cadena privada ha tenido un largo trayecto en los tribunales. Las reclamaciones de algunos de los trabajadores que fueron despedidos al amparo de un expediente de regulación de empleo (ERE) han visto su último capítulo hace pocos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a tres destacados profesionales cuyos nombres formaban parte de la lista del ERE: el entonces director y la subdirectora del programa Espejo público, Pablo Larrañeta y Mercedes Cámara, y el reportero Carlos Hernández.
Esta última sentencia declara "improcedente" los despidos de los tres periodistas y condena a la empresa a que los readmita o al pago de una indemnización. La opción elegida por la cadena de televisión ha sido la segunda. Los tres demandantes han cobrado hace pocos días las cantidades fijadas por la sentencia en julio del año pasado, poniendo así punto final a un azaroso periplo por varios juzgados de lo Social.
El conflicto laboral se ha visto salpicado por una sucesión de despidos, seguidos de readmisiones automáticas en el mismo día y de nuevos despidos. El caso de Larrañeta, Cámara y Hernández atravesó por situaciones pintorescas, como recibir una carta de despido cuando ya estaban despedidos o verse embarcados en el juicio por el tercer despido cuando aún no se había resuelto el segundo, según explica su abogado, Antonio Doblas.
Tras este largo proceso, la justicia declara que los despidos fueron improcedentes (no nulos). Todo arrancó de una falta de forma en la carta de notificación del despido (el primero). Antena 3 no había argumentado la causa exacta de la rescisión de los contratos. Más tarde subsanó la cuestión. La salida de los periodistas de Espejo público obedecía a "la amortización" de tres plazas debido a "la reorientación del programa", siendo una de esas plazas la de Larrañeta y otra la de Cámara. La empresa echó mano de un argumento similar en el caso de Hernández: la amortización de dos plazas de redactor ENG en la sección de Internacional. Una de ellas era la del ex corresponsal de guerra. Los tres demandaron a Antena 3 por vulneración de los derechos fundamentales, al considerar que fueron despedidos por "razones ideológicas" y no por motivos de rentabilidad empresarial.
Antena 3 justificó el recorte de empleo por las pérdidas que registró en 2002 y 2003. La sentencia recoge que, casi dos años después de la autorización administrativa para extinguir los contratos, la situación económica cambió "radicalmente".
