Multa a una vecina por el incidente con el alcalde de Poio

"Antes de darle un duro al Estado para pagar casas a los maleantes, prefiero ir a la cárcel". Así respondía ayer Carmen Noceda, vecina del barrio pontevedrés de Monte Porreiro, a la sanción de 1.500 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno al entender que participó en el intento de agresión al alcalde de Poio, Luciano Sobral. Los hechos se produjeron a finales de marzo, al término del pleno de la corporación, cuando un grupo de manifestantes de Pontevedra y Ponte Caldelas, contrarios al realojo de familias gitanas de O Vao, zarandearon e insultaron al regidor.

"Yo subí al salón de plenos y tengo las fotos que lo prueban", asegura Noceda. No obstante, en la notificación consta que "estaba dando palos contra las ventanas" del consistorio "mientras el pleno se desarrollaba" e incitando al resto de manifestantes a asaltar al alcalde. Carmen va más allá y afirma que un concejal le quiso tirar por las escaleras y un guardia civil le dijo que le tenía que poner una denuncia. "Me pidió el DNI y todo esto debe de ser por eso", explica.

Noceda no es la única, ya que a otra vecina de Caritel (Ponte Caldelas), le ha llegado también noticia de una sanción, de ahí que ayer los vecinos de Monte Porreiro se reuniesen para contratar un abogado que les defienda de todas las actuaciones judiciales que, aseguran, "están por venir". De hecho, y en relación a la investigación que lleva a cabo la fiscalía a raíz de una denuncia presentada por Pueblo Gitano por coacciones y amenazas, "ya hay cinco vecinos más imputados". Carmen Noceda subraya que está "muy nerviosa y disgustada" porque ella no es partidaria de la violencia. Tampoco se resigna a que la tachen de racista y explica que lo que quiere es "un barrio limpio y sin droga". "Tenemos un dossier donde constan las detenciones de estas personas", afirma.