El Poder Judicial expedienta a Tirado y pide que se investigue a sus funcionarios

Comienza la investigación que podría llevar al traslado, la suspensión temporal de empleo o la expulsión de la judicatura de Rafael Tirado, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no logró encarcelar a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, en más de dos años. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad la propuesta del servicio de Inspección de abrir expediente disciplinario por falta muy grave de desatención contra Tirado por su pasividad y falta de control en la ejecución de la sentencia que lo condenó a dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su hija.

Respecto al magistrado de la Audiencia de Sevilla, Javier González, el ponente de la sentencia de Del Valle al que se imputaba otra falta grave de desatención por tardar dos años y siete meses en resolver el recurso de apelación de Del Valle, los vocales acordaron el archivo, debido a que la infracción había prescrito al haberse cumplido dos años desde que se publicó la sentencia. Si hubiera resuelto a tiempo, el pederasta podría haber ingresado en prisión dos años antes de la desaparición de Mari Luz ya que otro juzgado -el Penal 4 de Sevilla- lo condenó por abusos contra otra menor, pero suspendió la pena porque no había antecedentes.

Instructor y fiscal

El expediente contra Tirado será instruido por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea. La labor de la Fiscalía, que es parte en la investigación y, al igual que el instructor, hará su propuesta de sanción, corresponderá al fiscal superior de esa misma comunidad autónoma, Aurelio Blanco. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, calificó de "correcta" la decisión del Consejo, pero advirtió de que no se conformará con una "inhabilitación temporal" del juez y reclamó su expulsión.

Los vocales de la comisión disciplinaria aprobaron, también por unanimidad, el envío del informe de la inspección a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía por si estimaran necesario abrir investigaciones sobre la actuación de la Fiscalía de Sevilla, la de la secretaria judicial del juzgado de Tirado y la de los funcionarios de ese mismo órgano. El informe del servicio de Inspección que proponía la apertura de expediente contra Tirado informó también de irregularidades en varios trámites de la secretaria. Fue ella quien acordó la averiguación de domicilio de la esposa de Del Valle y la detención e ingreso en prisión del condenado, actuación esta última que, según fuentes del Consejo, correspondería al juez. Tampoco se percató del error del funcionario que tramitaba el caso, que no envió a la policía la orden de busca y captura contra Del Valle "a pesar de venir obligada a velar por el efectivo cumplimiento de lo acordado". Por último, preguntó al fiscal si había que detener a Del Valle con una diligencia contraria a la que pidió su detención.

El documento recuerda también que la Junta, que era parte en el caso, no advirtió de los retrasos. La Consejería de Justicia no cubrió correctamente una vacante en cinco meses a pesar de que la secretaria judicial se lo solicitó. Al final, la sustituyó una interina que, debido a su falta de experiencia, pudo provocar "un importante deterioro" en el caso de Del Valle, según el informe.