El fiscal ordena reactivar dos casos de 'narcos' atascados hace seis años

La operación Estela cumple seis años. La Policía Nacional le puso ese nombre a una investigación que permitió detener en 2002 a 41 personas y desmantelar una red de distribución de droga en la provincia de Cádiz. Sólo una de esas personas ha sido juzgada y condenada hasta ahora. El resto de causas se mantiene a la espera. La Fiscalía antidroga de Cádiz ha ordenado reactivar este caso, estancado ahora en un juzgado de Barbate tras haber sido instruido inicialmente por el juez de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. El Ministerio también agiliza las calificaciones de otra operación policial de narcotráfico, Semilla, cuya instrucción se inició hace seis años por el mismo juzgado portuense.

La operación Estela sólo ha llevado a juicio una de las siete causas abiertas

A la fiscal antidroga, Ana Villagómez, le preocupaba la escasa evolución de la operación Estela y reclamó al fiscal encargado, Álvaro Conde, un informe detallado sobre la situación procesal de una investigación que se enquistó casi desde su inicio, cuando el juez López Marchena y la Fiscalía, entonces dirigida por Isidoro Hidalgo, se enfrentaron porque el magistrado veía la existencia de una gran red de narcotráfico mientras que el Ministerio Público nunca creyó en la conexión entre los detenidos. Se impuso la Fiscalía y el caso quedó dividido en siete piezas.

En todo este tiempo sólo ha sido juzgada una de esas causas, la que permitió condenar al primer arrestado. La siguiente, según el informe del fiscal, es la pieza de Barbate sobre el hallazgo de un alijo de 40 kilos de hachís. El enorme volumen de documentación ha llegado ya al juzgado número uno de Barbate, pero aquí se ha encontrado dentro de una maraña de casos pendientes debido a la elevada carga de trabajo que tiene esta sede judicial. La Fiscalía antidroga ha ordenado agilizar la calificación de estos hechos para poder avanzar en su instrucción y que el juzgado pueda señalar una fecha para el siguiente juicio. Villagómez admite que el largo tiempo de espera puede llevar ya a los acusados, si son condenados, a reclamar rebajas de pena por dilaciones indebidas.

La otra operación que la Fiscalía quiere reactivar, la Semilla, ha avanzado más en los juzgados. Ya han pasado por sede judicial 27 de los 94 detenidos, aunque con escasa fortuna para el Ministerio Público porque 24 de los acusados han sido absueltos. Sentencias absolutorias que han destacado fallos graves en la instrucción y que derivaron, por ejemplo, en la anulación de numerosas escuchas telefónicas y registros domiciliarios. En este caso, la Fiscalía tiene a punto de terminar los cuatro escritos de calificación sobre cuatro piezas que se trasladaron del juzgado de El Puerto hasta el número 2 de Sanlúcar, otra sede judicial con voluminosa carga de trabajo, que se tiene que hacer cargo de los recién llegados tomos de esta compleja operación. Son, en total, cinco nuevos acusados a los que el fiscal imputa no sólo delitos contra la salud pública sino también de blanqueo de capitales por el hallazgo de libretas de ahorro con ingresos injustificados. En algunos de estos casos, la Fiscalía ha pedido incluso la ampliación de diligencias para poder avanzar en la investigación patrimonial de los acusados.

Para las asociaciones antidroga de la provincia personadas en las causas las medidas iniciadas por la Fiscalía antidroga no son suficientes para acabar con los retrasos. "Pedimos un juzgado especializado en crimen organizado para la provincia de Cádiz", anuncia la presidenta de Redeín, Carmen Omist, quien ha solicitado una reunión urgente con la delegada de Justicia de la Junta, Blanca Alcántara. El colectivo recuerda que errores judiciales recientes, como el juicio contra un agente de Aduanas, que se debía celebrar hace dos semanas y se ha retrasado hasta octubre por la desaparición de las cintas de las escuchas telefónicas. Para entonces habrán transcurrido ocho años desde los hechos.