Cuatro años de sequía, ningún corte al consumo

"¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en la Comunidad Valenciana?". El primero, la inmigración; el segundo, el agua. Ésta es la respuesta mayoritaria de los valencianos en una encuesta publicada por este periódico con ocasión del Nou d'Octubre pasado. "¿Y cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?". La vivienda, la sanidad, la inmigración, la inseguridad ciudadana..., y sólo en octavo lugar, el agua. Sirva la diferencia de rango entre ambas contestaciones como ejemplo de la distancia que separa la percepción social del problema hídrico y la realidad que viven los ciudadanos. O marca la distancia entre el ruido político en torno a la gestión del agua y el hecho de que tras cuatro años seguidos de una de las peores sequías de la historia no haya habido cortes en el suministro urbano. El agua sigue saliendo de los grifos, y seguirá corriendo por las canalizaciones este verano, de nuevo seco.

La Comunidad Valenciana está acostumbrada a vivir ciclos de sequía, pero hace tiempo que el paisaje urbano veraniego no incluye camiones cubas abasteciendo a la población. Las hemerotecas recuerdan cortes en el suministro en 1983 y 1984, y también en 1995 y 1996 en poblaciones de Alicante. Pero desde 2005, con precipitaciones por debajo de la media y récords históricos de disminución de entrada de agua en embalses, no los ha habido. La sequía, sin embargo, sí ha obligado a aplicar fuertes restricciones en la agricultura, que es la mayor consumidora de agua. El campo se ha llevado la peor parte en el reparto de los recursos disponibles, especialmente en el sur de Alicante, dependiente de las escasas reservas del Segura y de trasvases desde el Tajo. Se han perdido cosechas, se han arrancado árboles.

Los agricultores han sido precisamente el principal escudo, o excusa, para mantener encendida la polémica por la derogación del trasvase del Ebro. La Generalitat y el PP lo han convertido en la solución a todos los males hídricos y en uno de los principales alegatos contra el Gobierno socialista. Negar a la Comunidad Valenciana el agua del Ebro equivale a condenarla al estancamiento económico, afirma el PP. Eliminado del programa popular de las pasadas elecciones generales, el Gobierno autonómico vuelve a agitar con fuerza la bandera del trasvase en las últimas semanas a raíz de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de transferir agua del Segre, afluente del Ebro, a Barcelona, que teme cortes del consumo humano en otoño.

Una situación que no se plantea en ninguna ciudad valenciana. A pesar de los peores augurios lanzados por el PP y de que la Generalitat no ha incentivado el ahorro urbano ni ha pedido tan siquiera que se restrinjan baldeos y el llenado de piscinas, la realidad es tozuda: hay agua para las poblaciones y el turismo, y los recursos, aunque no llueva, han aumentado en los últimos años. Han permitido hasta ahora plantar cara a la sequía.

La clave está, a juicio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, en los importantes cambios introducidos en la gestión hídrica, y en la distribución del agua a partir de una "planificación anual" que reserva ya de entrada los recursos para el abastecimiento urbano del año siguiente. Al reparto ordenado del agua almacenada sin esperar a que caiga del cielo se han unido inversiones millonarias para no perderla en infraestructuras obsoletas, compensar las restricciones a la agricultura con pozos o recursos depurados, y con la modernización del regadío. Una política que ha logrado la aceptación de los regantes, lo que es "tremendamente importante", y también de los usuarios urbanos. Prueba de ello es que en las más de 30 comisiones de sequía celebradas en la CHJ "todo se ha aprobado por asentimiento salvo alguna abstención", destaca Moragues.

Paradójicamente, el Consell, al tiempo que clama por el Ebro, ha incrementado sus esfuerzos y ha generado, según sus propios datos, agua reutilizada por más de 175 hectómetros cúbicos, lo que equivale a medio trasvase. Otro trasvase largo (380 hectómetros) afirma haber ganado el Gobierno, especialmente con el Programa Agua, que combina la modernización, reutilización y desalación. Son en parte obras que de haberse ejecutado cuando se proyectaron, por ejemplo en el plan hidrológico del Júcar en 1998, con el Gobierno del PP, permitirían tener los embalses "casi llenos", abunda Moragues.

Los habitantes de Valencia y su área metropolitana, de Sagunto y Castellón tienen agua garantizada, así como el resto de localidades de las dos provincias. En el Vinalopó, las poblaciones y los agricultores tiran de pozo, de un acuífero extenuado que espera agua del Júcar por medio del trasvase que está en construcción y ha generado otra guerra del agua al cambiar los socialistas el trazado del proyecto.

La tubería ha quedado desvinculada de las localidades costeras de la provincia de Alicante que aún se abastecen del acuífero del Vinalopó y empiezan a consumir agua desalada. El Gobierno ha apostado por construir plantas en la costa mediterránea, y algunas ya aportan recursos que han evitado cortes de suministro durante la sequía. A pesar de que el Consell celebró la inauguración de la planta de Alicante I en octubre de 2003, construida por el Gobierno de José María Aznar, en su afán de fiarlo todo a la carta del trasvase del Ebro se ha embarcado en una dura lucha contra el agua obtenida del mar. El ex consejero Esteban González Pons bautizó las plantas como "nucleares del mar", y el boicoteo por todos los medios administrativos y legales posibles a la de Torrevieja alcanzó hace unos días una cota insospechada al afirmar un diputado provincial del PP que beber agua desalada puede provocar "atrofia testicular". La desaladora de Alicante II está terminada y a la espera de la autorización ambiental integrada del Consell.

El caso es que un 30% del agua que beben los alicantinos procede del mar, gracias en parte a que el Gobierno murciano de José Ramón Valcárcel no ha tenido inconveniente en defender el trasvase del Ebro y apoyar la construcción de las fábricas del mar. "Sin las desaladoras estaríamos perdidos, la situación sería mucho peor", asegura al respecto Jaime Salinas, director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que suministra agua potable a 79 municipios, incluidos 34 de Alicante, entre los cuales se cuenta la propia capital, Crevillent, Elche, Orihuela, Torrevieja o Sant Vicent del Raspeig. El organismo ya mezcla agua del río Taibilla y del trasvase del Tajo con la desalada de las dos plantas de San Pedro del Pinatar en Murcia y la de Alicante I. Este verano un tercio del agua será continental y dos tercios desalados.

Aunque la Mancomunidad prevé sumar hasta 166 hectómetros cúbicos anuales de desalación en 2010, la demanda actual depende en un 46% del trasvase Tajo-Segura, que Castilla-La Mancha pretende eliminar y que está al límite con la peor sequía desde 1912. "Si no llueve en la cabecera del Tajo, el abastecimiento del tercer trimestre del año no está garantizado", advierte el comisario de Aguas de la Confederación del Segura, Manuel Aldeguer. Las garantías de agua a la costa alicantina aún son frágiles, pero de momento, sigue escapando a los cortes de suministro.