La tensión política del agua choca con la falta de medidas de ahorro

La falta de agua constituye uno de los principales problemas en la percepción colectiva de los valencianos. Sin embargo, en el ámbito personal los valencianos, según consignan las encuestas, reconocen que no sufren escasez de agua en sus casas. Pero el Consell, tras la derogación del trasvase del Ebro, hizo bandera del problema de la falta de agua y lo convirtió en el principal discurso para desgastar al Gobierno central. La paradoja es que en los últimos cuatro años, pese a la continua sequía y el apocalipsis hídrico del PP, el grifo para el consumo humano no se ha cortado.

En otras comunidades, por ejemplo Cataluña, la situación es mucho más grave. Por el contrario, el ruido político derivado de esta situación que se arrastra desde hace varios años ha sido inversamente proporcional. La sequía, la falta de previsión de los distintos gobiernos autonómicos de los últimos años y los retrasos en las medidas del Gobierno central, han desembocado en una situación que ha puesto sus reservas al límite.

En la Comunidad Valenciana, sin embargo, las obras de emergencia y de ahorro, modernización de regadío y la apertura de pozos han garantizado el abastecimiento para el consumo humano, aunque se han producido restricciones fuertes en la agricultura, que soporta el peso de esta sequía. Además, en los municipios del sur de Alicante dos tercios del agua para uso urbano procede ya de la desalación, y se espera que en breve entre en funcionamiento la de Alicante II. El Gobierno ha apostado por la desalación para cubrir las demandas de la costa mediterránea, una estrategia a la que se oponen el PP y la Generalitat, que ha puesto múltiples trabas a la planta de Torrevieja. Para la Confederación del Júcar, a la sequía se le ha plantado cara con los importantes cambios introducidos en la gestión y en la distribución del agua a partir de una "planificación anual" que reserva ya de entrada los recursos para el abastecimiento urbano del año siguiente.

Con todo, el Consell, al contrario que la Generalitat de Cataluña, nunca ha querido aplicar medidas restrictivas para incentivar el ahorro. Tampoco la mayoría de ayuntamientos. Sólo Elche, gobernado por la izquierda, ha puesto en marchas medidas drásticas que han permitido ahorrar 12 millones de metros cúbicos de agua.