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3.000 condenados en Madrid han huido para evitar la cárcel

Los juzgados encargados de ejecutar las penas tienen 35.000 sentencias pendientes

Unos 3.000 ciudadanos condenados a penas de prisión de hasta cinco años están huidos. Las órdenes de busca y captura dictadas por los jueces para que cumplan su castigo no han surtido efecto. De los huidos, cerca de 600 son culpables de delitos de violencia de género. Otro pequeño grupo está sentenciado por impago de pensiones alimentarias a sus hijos. El resto ha cometido delitos como estafa, lesiones, robos violentos o contra la seguridad vial, entre otros.

Todos estos prófugos han estado localizados, en libertad provisional y bajo medidas cautelares hasta el juicio, pero cuando llegó la hora de cumplir la sentencia se escondieron de la policía y los jueces y huyeron. Los reos en busca y captura (de la capital y una parte de la zona sur de la región) están pendientes de que la policía los encuentre para que purguen sus condenas, según fuentes jurídicas de los juzgados de la plaza de Castilla.

600 de los fugados son culpables por delitos de violencia de género Algunos delincuentes tardan meses o años en ser detenidos

En la calle de Julián Camarillo, de Madrid, hay 23 juzgados de lo penal que se dedican en exclusiva a juzgar todos los delitos que llevan aparejadas penas iguales o inferiores a cinco años de cárcel. Una vez que estos tribunales juzgan y condenan a una persona, remiten la sentencia a los cinco juzgados de ejecutorias, cuya única misión es lograr que se cumplan los fallos, que incluyen penas privativas de libertad y el pago de indemnizaciones a las víctimas. Si la condena implica ir a la cárcel, muchos condenados optan por huir de la justicia. Sólo en Madrid, como se indica, 3.000 lo han hecho.

Los jueces de ejecutorias de Madrid, que ahora mismo están al borde del colapso -tienen 35.000 sentencias pendientes de ejecución con penas privativas de libertad-, dictan contra cada condenado una orden de busca y captura. Aunque más tarde o más temprano (por ejemplo, cuando acuden a renovar el DNI o la tarjeta de residente, o bien en un control policial) la policía les localiza y les detiene, algunos pasan huidos muchos años. "Algunos son detenidos en cuestión de semanas, pero otros tardan meses o años en ser localizados, si es que al final se les detiene", añaden las citadas fuentes.

Los jueces ordenan a la policía la busca y captura para que los condenados cumplan su castigo. "Muchas veces la policía, que también está muy liada, se limita a ir al domicilio del reo que consta en las diligencias y, si no le ven, se marchan y ahí queda el asunto pendiente del azar de un control", prosiguen las fuentes jurídicas.

Los condenados por violencia doméstica -salvo si hay muerte de por medio- figuran entre los reos de los que se encargan estos juzgados de ejecutorias. Estas penas suelen ser de entre dos y tres años de cárcel. Si es de dos años, no hay antecedentes y el acusado paga la indemnización, el juez le suele suspender la pena, pero condicionado a que no delinca en un plazo de tiempo. Cuando la pena supera los dos años, los condenados sí deben ir a la cárcel. Pero suelen huir. "Muchos de ellos son extranjeros. Se evaden porque, para ellos, la condena implica la expulsión de España", afirma un magistrado. El juez los cita, los ingresa en prisión o en un centro de extranjeros y, una vez allí, se les sustituye la pena por la expulsión. Pero muchos, que prefieren la cárcel a volver a sus países, huyen antes.

Eso sí, los prófugos, si son detenidos, se enfrentan a un nuevo delito, en este caso de quebrantamiento de condena.La Jefatura Superior de Policía aporta un dato para desarmar la denuncia de los jueces de pasividad policial: el número de detenidos que tenían pendientes órdenes de arresto y conducción a un juzgado creció en 2007 un 12%. También recuerda que no es fácil detener a las personas solicitadas por los magistrados de Madrid, ya que muchas han cambiado de domicilio o, simplemente, se han marchado de la región.

"De falta de celo, nada. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para detener a los delincuentes y que éstos ingresen en prisión", explicó con cierto enfado un mando policial. Éste recordó que existe una unidad en los juzgados de la plaza de Castilla para tramitar todas las órdenes a la comisaría y que todas estas peticiones están grabadas en los archivos de la policía. "En cuanto una persona es identificada, salta una alerta que nos dice que tiene que ser detenida", añade este mando.

El problema de la región es que muchos delincuentes cambian de domicilio cuando son detenidos varias veces en una misma zona. "Hay que esperar entonces a que la policía los vuelva a detener en el lugar al que se hayan trasladado o que cometan alguna infracción penal", explican fuentes policiales. "Desde luego, el criminal no nos va a estar esperando en su casa a que vayamos a por él. La ley también les obliga a notificar si cambian de domicilio y, desde luego, no lo hacen", concluyen fuentes policiales.

Numerosas diligencias

Otro problema al que se enfrentan las comisarías es el alto número de diligencias y solicitudes que son remitidas por los juzgados. Eso hace que varios funcionarios estén pendientes de estas averiguaciones de domicilios, de notificar las órdenes y de informar sobre el paradero de un testigo o de un imputado. "Muchas veces nos han llegado a pedir domicilios que estaban en las propias diligencias que les hemos remitido nosotros. Eso nos hace perder tiempo y tener que sacar todo el expediente", afirma otro responsable policial.

La Sección Penal de la Audiencia de Madrid también tiene "varios cientos" de personas en busca y captura (condenadas o pendientes de presentarse ante el juez), según una fuente de esta instancia judicial. "Es una estimación, ya que no hay estadística específica", añade. En este caso, las penas impuestas son aún superiores a las que dictan los juzgados de lo penal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de abril de 2008