Quintana insiste en que el bipartito debe prohibir la figura del alcalde promotor

El vicepresidente del Gobierno gallego, Anxo Quintana, salió ayer al rescate de la conselleira de Vivenda, la también nacionalista Teresa Táboas, para respaldar la prohibición de que los alcaldes y concejales ejerzan la promoción inmobiliaria en los ayuntamientos donde gobiernan. Esa limitación -incluida en el anteproyecto de Lei de Vivenda- encontró el jueves la oposición del Conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, quién se mostró partidario de regular la incompatibilidad en la Lei de Función Pública, lo que impidió la aprobación del anteproyecto en el último Consello de la Xunta.

El entorno de Teresa Táboas había avanzado el jueves su disponibilidad a matizar el texto pese al desacuerdo con Méndez Romeu, pero ayer Quintana dejó entrever que no habrá marcha atrás. El vicepresidente apeló por dos veces al discurso de los partidos en los días previos a las elecciones municipales y recordó que entonces "todos", en alusión a socialistas y nacionalistas, "hicimos campaña diciendo que los alcaldes no pueden dedicarse a la promoción inmobiliaria en sus propios ayuntamientos". En aquel momento, tanto Bloque como PSOE criticaron la pretensión del candidato popular en Pontevedra, Telmo Martín, de concurrir a la alcaldía de la ciudad en la que su empresa, Construcuatro, de la que Martín es consejero delegado y accionista, tiene importantes intereses urbanísticos.

"La Lei de Vivenda es el marco adecuado", defiende el vicepresidente

Sin pretender subrayar "las discrepancias que no son noticia" en la tramitación del proyecto legislativo, Quintana refrendó ayer la fórmula elegida por el departamento de Teresa Táboas en el fondo y también en la forma. "La promoción inmobiliaria es una actividad respetable pero parece lógico que un alcalde no pueda erigirse en juez y parte dentro de su propio municipio" advirtió. Y a continuación el vicepresidente insistió en que la incompatibilidad deberá figurar en la Lei de Vivenda, el marco "adecuado" para incluir la regulación, así que abogó por "buscar la mejor fórmula". "El BNG tiene clara su postura a este respecto", sentenció.

El guante lanzado por el dirigente nacionalista a sus socios de Gobierno en San Caetano no lo recogió ayer el conselleiro de Presidencia. Después de firmar convenios con Caixanova para mejorar la formación de los funcionarios, Méndez Romeu, negó que su gabinete hubiera bloqueado la aprobación del proyecto de Teresa Táboas en la reunión semanal del Gobierno gallego.

El conselleiro atribuyó "las diferencias" al "trámite normal de debate y análisis" que las leyes sufren en su proceso de elaboración y recordó que "todos los proyectos deben ajustarse al marco jurídico porque no puede ser de otra forma".

Como el día anterior, Romeu no se mostró contrarop a restringir las actividades inmobiliarias y urbanísticas de alcaldes y concejales de gobierno en los municipios donde mandan, pero volvió a aludir a un informe de la asesoría jurídica del Gobierno gallego que planteó "dudas razonables" sobre la potestad de la Vivenda para limitar la actividad de los cargos públicos. El gabinete de de Teresa Táboas defiende sin embargo que lo que pretende regular su anteproyecto es la actividad inmobiliaria.

En su artículo 16, el texto prohíbe que "los agentes promotores que accedan a un cargo representatito o sean personal directivo en una Administración municipal, desempeñen acctividades de promoción inmobiliaria durante el tiempo que dure su cargo o mandato". Tal y como ahora está redactado, el proyecto de ley castiga con multas de entre 60.000 y un millón de euros a quienes incumplan esta limitación.

Las diferencias de criterio entre las distintas carteras de la Xunta han sido constantes en la tramitación de la nueva ley de vivienda. Hace algunas semanas Política Territorial alegó también que el texto invadía sus competencias y obligó a modificar la regulación de la concesión de licencias y la declaración de ruina para las viejas edificaciones. Los intereses de Política Territorial y Vivenda colisionaron antes en la ley de vivienda protegida.