La Fiscalía pide cárcel para el juez De Urquía por cobrar de Roca

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para el juez Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado 2 de Marbella, la pena de tres años de cárcel, 19 de inhabilitación como magistrado y una multa de 213.500 euros en la primera causa que instruye en su contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El fiscal le acusa de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación judicial y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público.

En la misma causa, pieza separada del caso Malaya, la Fiscalía pide otros tres años de cárcel para el presunto cerebro de la red de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y Arnaud Fabrice Albouhair, amigo de Roca y De Urquía, así como nueve años de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 177.000 euros.

Ambos están acusados del presunto delito de cohecho y de ser cooperadores necesarios del delito de negociación prohibida a funcionario público, en este caso De Urquía. De este modo, la Fiscalía pide para los tres protagonistas del caso 567.500 euros de multa.

En esta causa el TSJA acusa al juez de percibir 78.300 euros de Roca para una hipoteca. Pero De Urquía afronta una segunda causa en el Tribunal Superior que le acusa de repartirse el supuesto soborno de 60.000 euros de un empresario paquistaní para eludir la cárcel, y le sitúa detrás de una supuesta extorsión fallida de 8 millones de euros a un empresario hotelero.

El escrito de acusación del fiscal superior, Jesús García Calderón, detalla el cambio de favores que establecieron De Urquía y Roca, gracias a su amigo Arnaud Fabrice Albouhair como discreto enlace para abonar un supuesto soborno en la entrada de una casa del juez, dos semanas antes de que la operación Malaya pusiera Marbella patas arriba. "Conocedor Juan Antonio Roca de que su amigo, el también acusado Albouhair, sostenía una íntima relación de amistad con el juez encargado del asunto, le pidió que utilizara su influencia para que pudiera beneficiar sus intereses".

Roca denunció en el Juzgado 2 de Marbella la emisión de un programa sobre su inmenso patrimonio en una televisión local para lograr la suspensión inmediata del programa. Tras rechazarla en un principio, De Urquía le indicó cómo subsanar los defectos de la querella para que ésta prosperara. El juez le aseguró a Roca: "El programa no lo van a emitir". A continuación, el juez incumplió las normas de reparto de asuntos penales "para favorecer los intereses de Roca", e inició diligencias hasta dictar un auto que suspendía la emisión del programa. "Todo ello sin verificar traslado previo alguno a la parte denunciada", relata el fiscal. Días después, la policía detuvo a Roca y De Urquía decretó de inmediato el archivo de la causa "sin comprobación alguna".

Mientras, De Urquía y Albouhair pidieron ayuda a Roca para pagar 73.800 euros para la entrada de la nueva casa del juez. Roca elaboró desde su cuartel general, la empresa Maras Asesores, el contrato privado de compraventa para la vivienda y entregó a Albouhair un sobre con 73.800 euros. Tras formalizar el acuerdo De Urquía, su amigo comentó a Roca el mensaje de que todo estaba "bajo control" y su amigo estaba "muy contento". Por su parte, Roca, con su afán de contable, ordenó a su presunto testaferro Salvador Gardoqui que apuntara en la hoja de contabilidad el pago con las palabras "ayuntamiento", "día 17" y "sobre".