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COLUMNA

Gitanos

La prensa siempre es un instrumento sociológico de primer orden. La sociedad tiene que ser examinada con ojos de detective, intentando investigar en dónde se oculta el criminal, y también, con no poca frecuencia, en dónde es posible localizar el cadáver. Id a una facultad de sociología: no os dirán más que vaguedades y algunas generalidades. Preguntad a la policía o a un detective: ellos os informarán con pelos y señales de la trastienda de ciertos negocios, de las mujeres y hombres vigilados, de la miseria del fondo del escenario que los biempensantes de clase media preferimos poner entre paréntesis.

La prensa. En los últimos días hemos podido saber que un empresario de Vigo ha construido un puerto deportivo privado, invadiendo terrenos públicos -un cortafuegos, para más INRI- sin que, al parecer, a ninguna autoridad se le haya pasado por la cabeza impedirlo, a pesar de los sucesivos pronunciamientos judiciales. He aquí un ejemplo de desidia, tal vez de corrupción, en todo caso, de respeto al poderoso ignorando el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Yo no he leído las novelas del inspector Caldas que ubica sus aventuras en Vigo, pero tal vez en esa ciudad haya tanto material para escribir novelas negras como el que pudo usar Dashiel Hammet.

Hay que recordar que no sólo los payos tienen derechos inherentes a su condición de ciudadanos

También hemos sabido por la prensa que Galicia es la comunidad autónoma en la que se realizan más carreras ilegales. Los que concurren a estos circuitos se cuentan por miles y es posible ubicarlos en carreteras secundarias y tortuosas, en barrios periféricos o en algún polígono de empresas. En mi infancia en Vilalba había que estar pendiente de la Costa do Sal, en la antigua N-VI, porque a estas alturas del invierno era frecuente que la nieve y las heladas impidiesen circular por ella. Ahora la Guardia Civil ha de vigilarla para que los pilotos clandestinos no hagan allí sus bravatas.

Otro dato chocante: Galicia es una periferia de la península ibérica, en la que ni el número de habitantes, ni el de las gentes que aquí se desplazan por negocios, ni la cantidad o el tipo de turistas justifican la enorme cantidad de barras americanas y otras formas de ejercicio de la prostitución que es posible registrar, y que hace que sea, en términos relativos, la comunidad autónoma en la que se registran índices más altos de esta actividad. ¿Qué significan todas estas cosas juntas?, ¿podemos derivar de ellas alguna conclusión general?, ¿o tal vez tendremos que quedarnos con la pura constatación de unos hechos aislados?

En los últimos meses se han sucedido movilizaciones de vecinos de diferentes lugares para protestar contra el realojo de familias gitanas en sus barrios. Desde luego, la acusación de racismo sería improcedente. Tal vez algunos entre ellos tengan ese sentimiento, pero hay que suponer que la mayoría es gente de buena voluntad que desea lo mejor para sus hijos y no ver perjudicada su convivencia. Ahora bien, ¿qué hemos hecho todos, la sociedad en su conjunto y las instituciones que nos representan, para facilitar la integración del pueblo gitano? Hay que recordar, por si a alguien se le escapa, que no sólo los payos tenemos los derechos inherentes a nuestra condición de ciudadanos.

Hay que hacerse esa pregunta porque no es lo mismo la política que se ha puesto en práctica en ciertos concellos -el de Santiago, por ejemplo- que la indiferencia que han tenido otros. Lo de Penamoa se veía venir desde el mismo momento en que los gitanos fueron desalojados de los solares que antes ocupaban para colocar allí El Corte Inglés. En Penamoa creció, en efecto, la marginalidad y la delincuencia. Pero eso lo sabían -no podían no saberlo- las autoridades que en su momento decretaron ese traslado. Ahora la construcción de la tercera ronda en A Coruña decide el desplazamiento de esa población y una nueva ubicación. ¿Se desplazará el problema unos kilómetros más allá para que vuelva a resurgir en el futuro?

Según un informe del Valedor do Pobo del año 2005, en el que pueden encontrarse indicaciones de las posibles medidas a tomar, la comunidad gitana estaba constituida en el año 200 por 8.417 personas, distribuidas en 46 concellos, lo que representaba el 0,31 % de la población gallega. Según el mismo informe un tercio del total habita en infraviviendas, mientras que una parte significativa de la comunidad ha accedido a viviendas normalizadas. Las tasas de escolarización y el tiempo de permanencia, aunque bajas, van subiendo poco a poco. Se deriva de esos datos, y de la experiencia de gentes como las que forman el Secretariado Gitano, que la integración gitana es factible, pero que necesita ser planificada.

No hay que ser un genio para entender que allí en dónde se da la conjunción de oportunidades de empleo y vivienda normal es donde la integración avanza más positivamente. El plan que ha anunciado Anxo Quintana tal vez sea un paso, pero sería manco y cojo si no cuenta con la colaboración de los concellos y con una actitud positiva hacia la integración de la población. Lo que no debe suponer por supuesto, paternalismo alguno. Los gitanos son ciudadanos de pleno derecho, lo que también incluye las obligaciones correspondientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de marzo de 2008