Baltar acusa a la oposición de paralizar el urbanismo

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, apeló ayer a su honestidad en el ejercicio del cargo político. Visiblemente satisfecho por el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avala el precio de 13,9 millones de euros por el que la Diputación entregó una finca de la ciudad de 17 hectáreas del patrimonio provincial a la inmobiliaria Flager -tasada por el Colegio de Arquitectos y otros peritos en cuatro veces esta cantidad- Baltar advirtió: "A ver cómo las personas que hablaban en titulares de pelotazo urbanístico, reponen ahora nuestro trabajo, porque yo no hice nunca nada que no estuviera avalado por los técnicos". El presidente provincial responsabiliza a PSOE y BNG de haber frenado el crecimiento: "Ahora ya estaría instalado ahí El Corte Inglés".

Mientras los socios de gobierno local, PSOE y BNG, deciden si recurrir la sentencia, Baltar apuntaba los "beneficios" de la operación urbanística que propició destacando que el proyecto incluye la construcción de "200 viviendas sociales y el mayor parque urbano de Galicia, de 60.000 metros cuadrados". Con esta premisa instaba a PSOE y BNG a que se abstengan de presentar recurso de casación "porque este pleito está bloqueando la que quizá sea una de las actuaciones más importantes de los últimos tiempos para el desarrollo de la ciudad".

"Puro pelotazo"

Pero desde el gobierno municipal se puso coto a sus declaraciones. "Claro que Flager construirá las 200 viviendas protegidas que le exige la Ley a cambio de la edificación de más de 1.000 viviendas a precio de mercado y, naturalmente que hará un parque de 60.000 metros cuadrados, porque está obligada a hacerlo: son los mínimos exigibles por ley", destacó la edil de Urbanismo, Áurea Soto.

El bipartito local insiste en calificar, pese a la sentencia, de "puro pelotazo" la operación. La visión de Soto es compartida por arquitectos y constructores. El presidente de este colectivo, Eligio Nieto, puso ayer de manifiesto el "agravio comparativo" que supone para el sector el precio pagado por Flager y el que deberán pagar ellos. Mientras arquitectos y constructores insistían en destacar que esta operación perjudica el interés general, Baltar la defendía y acusaba a socialistas y nacionalistas de haberla judicializado "únicamente buscando el ataque directo" contra él.