El Consell desoirá a Múgica hasta que decida el Constitucional

El Consell ha hecho oídos sordos a las críticas del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana y esperará a que el Tribunal Constitucional (TC) tome alguna resolución. El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, considera una mera cuestión "técnica" el recurso presentado por el Defensor ante el Constitucional, referido a la disposición del Consell introducida en la Ley de Presupuestos que modifica el decreto sobre las valoraciones de las personas que solicitan las ayudas previstas en la norma. Dicha modificación estipula que el silencio administrativo determinará la desestimación de la solicitud. La tesis normal en la Administración es que el silencio administrativo siempre juega a favor del usuario.

El Consell crea el Observatorio de la Justicia para asesorar sobre leyes estatales

Los niños de entre 3 y 6 años empezarán a familiarizarse con el inglés

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Rambla explicó ayer que Múgica ya anunció durante su reciente visita a Valencia con motivo de las Fallas que presentaría un recurso contra el presupuesto de la Generalitat "por unas cuestiones puramente técnicas". Rambla precisó que la Generalitat ubica este recurso "más en el plan formal que en el plano de fondo" y añadió que esa "discusión técnico-jurídica tendrá que resolverla el Tribunal Constitucional". Por lo tanto, pese a que el Defensor del Pueblo cree que el silencio negativo afecta "al principio de seguridad jurídica por la incertidumbre que puede generar en el ciudadano", la Generalitat no retirará la medida, a no ser que el TC ordene "suspender la efectividad o no de este artículo".

El vicepresidente reconoció la "dificultad" para hacer frente al importante volumen de solicitudes de discapacidad que se reciben y aseguró que su voluntad es ir resolviéndolas, pero si se produce algún caso concreto en el que pasen los plazos, el silencio tendrá carácter negativo.

Mientras, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Carmen Ninet denunció "las marrullerías y el juego sucio del Consell" en la gestión de la Dependencia. Así, pidió "explicaciones" al Consell sobre los 41 millones de euros aportados por el Estado para aplicar la Ley de la Dependencia, ya que ningún usuario ha percibido todavía las ayudas. "A fecha de hoy hemos constatado que no han sido destinados al fin que corresponde, es decir, para el beneficio de los dependientes, los discapacitados y las personas mayores que necesitan de ese derecho que les reconoce la ley". Por último, recordó que el Gobierno remitirá otros 80 millones de euros para avanzar en la aplicación de la ley.

El Consell acordó en el pleno de ayer la creación del Observatorio de la Justicia, un órgano consultivo que analizará e informará de las leyes estatales que afecten a la Generalitat. La entidad, que integrarán seis vocales designados entre profesionales de reconocido prestigio, estará presidido por el delegado especial Jorge Cabre Rico, fiscal que ejerce en la Audiencia de Alicante. También se encargará de reclamar nuevas competencias al Gobierno, dentro de lo que establezca la Constitución y el Estatut. "Estaremos atentos a la mala utilización de la justicia por parte de quien sea, como arma arrojadiza", apostilló el consejero. Sobre si reclamará la creación del Consell Valencià de Justícia -que recoge el Estatut-, De Rosa dijo que depende de la Ley Orgánica del Poder Judicial y "su estructuración dependerá de la propuesta que se efectúe desde el Gobierno de España, que es a quien compete".

El pleno dio, además, el visto bueno a dos decretos que regularán los contenidos en la educación de 0 a 6 años. Los niños empezarán a familiarizarse con las dos lenguas oficiales y de 3 a 6 años, darán inglés.

El Consell aprobó la aplicación en esta campaña de medidas contra la polinización cruzada en los cítricos para reducir la pinyolà (aparición de semillas en algunos cítricos). La Unió de Llauradors calificó la decisión de "salvajada imposible de cumplir" porque llega tarde. Además, el Consell ejercerá la acción popular en el caso del asesinato de Lidia Moreno a manos supuestamente de su pareja.