Los jueces críticos con medidas del PP no serán sancionados

Los 131 jueces y magistrados que firmaron el Manifiesto por un debate político-criminal racional -en el que se criticaban algunas de las propuestas judiciales del Partido Popular, entre ellas la reducción de la edad penal hasta los 12 años- no cometieron de esa forma ninguna falta disciplinaria, aunque infringieron su deber legal de no tomar parte por un partido en las elecciones. Lo dice la investigación interna que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, ordenó abrir al servicio de Inspección el 6 de marzo y que ahora propone el archivo.

El Poder Judicial no ve falta disciplinaria, pero censura que se opinase sobre política

Además de jueces y magistrados, firmaron el manifiesto varias decenas de fiscales, profesores universitarios y personas procedentes de otros ámbitos profesionales antes de las pasadas elecciones generales. En él no se hacía ninguna referencia al PP, pero se cargaba contra algunas de sus promesas y actitudes durante la campaña electoral.

El texto consideraba, por ejemplo, que el intento de "persuadir a la ciudadanía de que existe un grave problema de delincuencia en la franja de edad comprendida entre los 12 y los 14 años", como hizo ese partido, suponía "deformar la percepción social" y "crear un injustificado clima de alarma, buscando rentabilizarlo en las urnas". Lo mismo asegura ese texto de la difusión del mensaje de que "delincuencia e inmigración son un binomio inseparable". "En ambos casos se trata de afirmaciones alarmistas carentes de base empírica y, por tanto, del mínimo rigor", prosigue.

La información previa -el primer paso de una investigación interna en el seno del Poder Judicial-, redactada por el jefe del servicio de Inspección, José María Gil Sáez, recuerda que los jueces y magistrados tienen restringida la libertad de expresión para garantizar su independencia. Esa restricción se recoge en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe dirigir "felicitaciones o censuras por sus actos" a los poderes del Estado, autoridades y funcionarios y "tomar más parte que la de emitir su voto personal" en las elecciones.

Los firmantes del manifiesto, según la propuesta del Gil-Sáez, han infringido esa prohibición, "pues han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico, pero que tienen proyección política" al proyectar a la opinión pública "una crítica del programa publicado por un partido" que, sin embargo, no está mencionado en el manifiesto analizado.

Pero esa conducta no encaja en ninguna de las faltas que recoge esa misma ley, según el servicio de Inspección. "Entendemos, salvo superior criterio, que la conducta analizada a lo largo de este informe carece de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal, por lo que debería acordarse el archivo de la presente información previa", prosigue el jefe de Inspección.

La presidenta de la comisión disciplinaria, Montserrat Comas, ha solicitado su sustitución por el vocal progresista Javier Martínez Lázaro para la deliberación y votación de este asunto en la reunión de ese órgano prevista para mañana. El vocal a propuesta de IU, Félix Pantoja, fiscal de profesión, también suscribió el manifiesto junto a magistrados del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés Ibáñez y Luciano Varela, o el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y del tribunal del 11-M Javier Gómez Bermúdez.