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El juzgado pospone los desahucios del centro comercial Gran Vía

La crisis del complejo ha destruido ya unos 200 empleos del millar inicial

En Finca do Conde, en Vigo, promete implantarse una selva judicial. El juzgado que el lunes tenía que dictaminar el desahucio solicitado por ING Real Estate Devolepment (RED), promotora del centro comercial Gran Vía, contra uno de los comerciantes que previamente demandó la nulidad del contrato de arrendamiento, se inhibió por estar el asunto incurso en ésta y otras causas abiertas, hasta que se sustancie en ellas. Un 70% de los comerciantes, según fuentes de los afectados, ha dejado de pagar el alquiler por falta de caja; la crisis hace mella en el empleo y los sume en la perplejidad como consecuencia de la ilegalidad urbanística del complejo.

ING RED aún no ha informado de su estrategia para superar la crisis

ING RED está tratando de enderezar discretamente la crisis. Aún no ha informado a los comerciantes arrendatarios sobre su estrategia para superarla, una vez desatada por la ilegalización del complejo, que les ha desposeído de legalidad en sus licencias y de su capacidad para traspasar el negocio o para cualquier otra gestión relacionada con él. Temen los desahucios porque comportan la pérdida, al menos inicial, de mercancías y mobiliario de los locales. Pero también son conscientes de que la promotora no es partidaria de ejecutarlos ya que, de hacerlo, se condenaría a un cierre progresivo del complejo, sin opción a nuevas contrataciones mientras prevalezca su situación de ilegalidad.

En esta tesitura, los comerciantes tratan de arreglar individualmente rebajas en los alquileres, que en algunos casos ya han sido aceptadas, y de "aguantar el tirón hasta ver qué pasa". La crisis, sin embargo, ya se hace ostensible sobre el empleo. Cuando se anunció la construcción del complejo se señalaba que crearía 800 empleos directos y 2.000 indirectos. En su inauguración la cifra global se rebajó a una expectativa de 1.500, aunque los reales se situaban en el millar. De éstos ya se han destruido unos 200, sin contar los empleados que, en la crisis, no cobran o han rebajado sus percepciones salariales.

Los comerciantes firmaron los contratos de arrendamiento con la promotora en 2005, adelantando tres meses de alquiler como fianza. Este desembolso y la adaptación de los locales, alquilados como superficies lóbregas, hipotecó a casi todos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas seducidas por la propaganda de "la mayor superficie comercial de Galicia". Ahora aducen que no se les informó de los procedimientos que determinaron en 2006 la ilegalidad del centro por sentencias del Tribunal Supremo, que confirmó las dictadas en 2003 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de marzo de 2008