Constituida la Sala que verá las recusaciones del 'caso Ibarretxe'
La fiscal de Vizcaya Carmen Adán del Río toma posesión
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco constituyó ayer la denominada Sala del 77, encargada de resolver las recusaciones de los tres miembros de la Sala Civil y Penal del alto tribunal en el caso Ibarretxe. La citada sala, que formalmente se constituirá el próximo miércoles, estará formada por los siguientes magistrados: el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Juan Luis Ibarra, que sustituye a Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del Superior y uno de los tres magistrados recusados. Los otros dos jueces que han sido recusados por supuesta imparcialidad son Antonio García y Nekane Bolado. La Fiscal ha informado a favor de las impugnaciones al considerar que han prejuzgado el caso durante el proceso.
Los otros miembros de la Sala del 77 serán Antonio Subinas Elorriaga, que ha sido el instructor del incidente de recusación y es además el magistrado más moderno de la Sala Penal; Luis Javier Murgoitio Estefanía, que sustituye a Ibarra como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y José Antonio González Saiz, el magistrado más moderno de esta sala.
Azkarraga acude
La Sala de lo Social estará representada en la que estudiará las recusaciones por su presidente, Manuel Díaz de Rábago, y por el magistrado más moderno, Juan Carlos Benito Butrón de Ochoa.
Por otra parte, la nueva fiscal provincial de Vizcaya, Carmen Adán del Río, tomó ayer posesión de su cargo en un acto en Bilbao al que acudió el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. La fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, advirtió a la nueva fiscal (encargada hasta ahora de perseguir los delitos económicos) que tendrá que "tomar decisiones duras, difíciles y a veces incomprendidas". Montes, que destacó la "capacidad" y la "dedicación de su compañera de fiscalía, se mostró segura de que sabrá "afrontarlas".
Adán resaltó la necesidad de seguir manteniendo la coordinación con la Agencia Tributaria y las haciendas forales para perseguir los delitos económicos.
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