"La autofinanciación es garantía de credibilidad"

"La autofinanciación es una garantía de credibilidad, de independencia y de mayoría de edad. Depender de un Estado que además es aconfesional por Constitución crea más contradicciones". Lo dice Margarita Pintos de Cea-Naharro, católica practicante, teóloga por la Universidad de Comillas y filósofa por la Autónoma.

Nació en Madrid (1947) y lleva décadas en la enseñanza de jóvenes en centros concertados, y en los barrios de Carabanchel y Tetuán dedicada a la educación de adultos. Colabora con el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense; dirige el Seminario de Teología Feminista y preside de la Asociación para el Diálogo Interreligioso.

Nadie puede decir de Margarita Pintos que no es una católica comprometida con sus creencias. Es catequista en parroquias, miembro de comunidades de base y miembro de la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Una noche fría de enero de 1979 acudió a manifestarse ante la Nunciatura del Papa para protestar contra la firma de los Acuerdos entre España y el Vaticano.

Margarita Pintos, como decenas de miles de católicos tan activistas como ella, no tienen ni quieren ninguna compensación por su trabajo en favor de la religión que profesan. "En todas las actividades en que he participado como católica no he tenido compensación económica, porque lo que caracteriza a los fieles en todas las tradiciones religiosas es la gratuidad. El mensaje de Jesús no puede ser más claro: 'Lo que recibiste gratis dalo de balde".

Los obispos tienen mucho dinero para repartir, pero "los colectivos de base católicos no reciben ningún tipo de subvención de la propia iglesia institucional". Añade: "No puede dejarse en manos de las jerarquías de las religiones la distribución del dinero público, porque sólo favorecen a los colectivos que se someten a sus directrices, y excluyen a los creyentes críticos".

También reclama que todas las tradiciones que trabajan por la paz y la solidaridad, como cualquier ONG, puedan acceder a parte del dinero que los Gobiernos dedican a ese capítulo. "Quienes hacen la declaración de la renta sólo tienen dos opciones para adjudicar el 0,7% de sus impuestos: poner la señal en la casilla de la Iglesia o en la de servicios sociales. Eso implica un privilegio anticonstitucional para el catolicismo y una discriminación igualmente anticonstitucional para el resto de las religiones".