'Los Albertos' provocan otra guerra del Constitucional con el Supremo

El Tribunal Supremo criticó ayer abiertamente al Constitucional por "extender su jurisdicción" al extremo de anular la sentencia que condenó a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, por delitos de estafa y falsedad, a tres años y cuatro meses de prisión por el caso Urbanor.

El acuerdo del Supremo ratifica otros dos anteriores en los que acusa al Constitucional de "vaciar de contenido" el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento sólo corresponde al Tribunal Supremo. No obstante, la reacción del Supremo no supone modificación alguna en la absolución de Cortina y Alcocer.

El Supremo afirma que el Tribunal Constitucional invade su terreno

Como se esperaba, la sentencia de los Albertos ha desatado una nueva batalla entre los dos altos tribunales. A la contundente reacción del fiscal general del Estado, que expresó su "absoluta y radical discrepancia" con la absolución de los Albertos y el temor de que se quedaran "con el dinero de la estafa" (unos 50 millones de euros, incluidos los intereses) se sumaron ayer los colectivos de jueces conservadores y moderados, que cerraron filas con el Supremo.

En el pleno de ayer de la Sala Penal del Supremo surgieron voces que pidieron endurecer el comunicado para que constase de manera expresa el malestar de la sala por la anulación de la condena a los Albertos y se reprochase al Constitucional la utilización del derecho a la tutela judicial efectiva para resolver cuestiones de legalidad ordinaria, como la prescripción, e incluso la definición del delito de estafa.

Paralelamente, en el Constitucional los magistrados permanecían más atentos a la reunión del Supremo que a los asuntos propios del pleno. Los ánimos también estaban encrespados, sobre todo a partir de las opiniones de Conde-Pumpido -magistrado de plantilla de la Sala Penal del Supremo, aunque ahora desempeña el cargo de fiscal del Estado-, cuyas críticas a la sentencia causaron "perplejidad" en el Constitucional. Durante la mañana se mantuvieron a la expectativa de la reunión del Supremo, pero finalmente no hubo reacción de los constitucionales al no haber ido la Sala Penal más allá de otros dos anteriores acuerdos.

Con todo, el Supremo ya declaró en abril del pasado año que iba a mantener su jurisprudencia sobre la interrupción de la prescripción "a pesar de la sentencia 63/2005 del Tribunal Constitucional". Aquella sentencia ya fue considerada precursora de la de los Albertos, y disparó las alarmas en el Supremo. El Constitucional interpretó la figura de la prescripción penal y sentenció que no sólo se requiere que una denuncia o una querella se presenten dentro del plazo de prescripción, sino que dentro de ese mismo plazo debe concurrir un acto del juez mediante el que se ordene el efectivo inicio del procedimiento.

En el caso de los Albertos, dado que la querella se presentó el último día de plazo y contenía algunas irregularidades que hubo que subsanar, el Constitucional ha declarado que los delitos de estafa y falsedad existieron, pero los declara prescritos.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura declaró a través de su portavoz, Antonio García, que el Constitucional se había "extramilitado". Lorenzo del Río, portavoz de la centrista Francisco de Vitoria indicó que la prescripción no afecta a la tutela judicial efectiva y con arreglo a la interpretación del Constitucional "cualquier decisión judicial afecta a la tutela del ciudadano".