Cientos de niños, en el limbo jurídico

A efectos legales, no existen. Cientos de bebés nacidos desde el pasado 4 de febrero están sin inscribir en el Registro Civil. La huelga de los funcionarios de Justicia de las siete comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias ha retrasado las inscripciones.

Los registros civiles sólo están atendidos por los servicios mínimos. La prioridad la tienen las defunciones, ya que sin el certificado no puede haber entierro. Por eso trámites como la inscripción de nacimientos o matrimonios van a la cola. Los resultados, a efectos prácticos para los afectados son, entre otros, el retraso en el cobro del cheque-bebé, o la imposibilidad de pedir días de vacaciones por la boda y los permisos de paternidad. Esto ha suscitado ya varias quejas en Extremadura, uno de los lugares más afectados por la huelga, con más de 1.600 trámites del registro aplazados, informa Cruz V. Vázquez. También hay embotellamiento de juicios. Los sindicatos convocantes (CC OO, UGT, CSIF y STAG) aseguran que hay más de 30.000 procesos paralizados y que se necesitarán meses para volver a la normalidad tras la huelga indefinida.

Para hacer visible la protesta, más de 4.500 funcionarios se encerraron ayer en edificios judiciales de las provincias afectadas por el paro, 20 en siete comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Murcia, Baleares y Extremadura). A lo largo del día fueron desalojados la mayoría de ellos. A las diez de la noche todavía seguían encerrados de forma indefinida cientos de trabajadores en Badajoz, Cáceres, Murcia, Ciudad Real y Mérida.

En total, hay más de 10.500 funcionarios convocados, de los cuales en torno al 90% sigue la huelga, según los sindicatos. El Ministerio rebaja el seguimiento a algo más del 40%. Entre los afectados están también los funcionarios de los servicios centrales, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Los magistrados de instrucción este órgano -Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu e Ismael Moreno (el juez Juan del Olmo no firma el escrito, al encontrarse de viaje)- expresaron ayer su apoyo a "una reclamación justa".

Esta tarde está prevista la cuarta reunión con el Ministerio. Los trabajadores esperan que se dé solución a su demanda: una subida salarial de 200 euros mensuales de media, lo que les separa de sus compañeros de las comunidades con competencias transferidas.