Cajasur se querella por las irregularidades de la era Castillejo

Cajasur ha presentado dos querellas contra el constructor Rafael Gómez, conocido popularmente como Sandokán, y contra Francisco Jurado, director general de la entidad hasta verano de 2005, momento en el que también dejó la presidencia el sacerdote Miguel Castillejo. Les acusan de irregularidades que habrían perjudicado a la caja. El valor de estos perjuicios ronda el millón de euros, según la entidad. La Fiscalía Anticorrupción también está investigando los dos casos. El constructor negó las acusaciones.

Santiago Gómez Sierra, actual presidente de la caja, recalcó ayer que de las irregularidades se tuvo conocimiento a principios de 2007, cuando la entidad encargó una auditoría para detectar casos de blanqueo. Los datos se comunicaron al Banco de España, que a su vez los trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

La querella contra Gómez se presentó el lunes y se le acusa de una presunta apropiación indebida o administración desleal. En 2004, este empresario poseía el 50% de la promotora Arenal Sur 21. Cajasur era propietaria del resto de esta empresa entonces, aunque desde 2006 posee el 100% de la sociedad.

Gómez se encargaba de la administración de Arenal Sur 21 y, el 19 de agosto de 2004, suscribió un "contrato de arrendamientos de servicios" con la empresa Miramar, propiedad de José Manuel García Pérez, contra el que Cajasur también se ha querellado. Miramar debía hacer las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) modificara la edificabilidad de unos terrenos propiedad de Arenal Sur 21 y poder construir en los 40.000 metros cuadrados del solar. Gómez entregó a Miramar 1,6 millones de euros que salieron de las arcas de Arenal Sur 21. Según la querella, los servicios no se realizaron y no hay rastro del dinero. Cajasur reclama a los denunciados 849.000 euros, es decir, la mitad de lo pagado.

Por su parte, Rafael Gómez negó ayer "rotundamente" las imputaciones y anunció que "en cuanto se proceda al archivo de la querella presentada", se querellará contra Santiago Gómez Sierra, presidente de la entidad, a quien acusa de mantener hacia él una "conducta de animadversión y de linchamiento personal". Según el constructor, la querella sólo persigue que le achaquen "las nefastas gestiones que realiza" Cajasur y constituye "una cortina de humo o, cuando menos, una prefabricación de pruebas inciertas con fines mediáticos".La otra querella se presentó el viernes y Cajasur acusa a Francisco Jurado de causar un "perjuicio" económico a la entidad, según lo fijado en el artículo 295 del Código Penal. Los hechos se remontan a julio de 2004, cuando la caja respaldó la compra de la finca La Reserva, situada en La Alberquilla (Marbella). La entidad llegó a conceder dos créditos ligados a esta operación, que lideró la empresa Terrasur, que tenía como administradora única a Purificación Brito, ex trabajadora también de Cajasur. Según la caja, en condiciones normales "nunca se hubieran concedido" estos créditos.

La actual dirección achaca el sí dado a estas operaciones a "la presión" ejercida por Jurado. A cambio, según la demanda, el ex director general habría recibido presuntamente unas comisiones de 180.000 euros, que fueron ingresadas a la sociedad Invercovasur, que comparte con su mujer.

A Jurado ya le abrió Cajasur un expediente por este caso en febrero de 2007, lo que finalmente provocó que dejara la dirección de Aconsa, una sociedad dedicada a los servicios informáticos participada por la Cajasur donde estaba destinado desde que dejó de ser director general de la entidad en verano de 2005.

Las dos querellas se presentaron en el juzgado de guardia de la Audiencia de Córdoba y ayer se estaba a la espera de que los casos fueran asignados a un tribunal. Según las fuentes consultadas, es posible que la Fiscalía Anticorrupción aporte al proceso las investigaciones que ha realizado desde que le comunicaron en febrero de 2007 las irregularidades.