Un caso con dos jueces

En el caso Hidalgo se investiga una trama de blanqueo de capitales supuestamente orquestada desde el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella (Málaga). Se destapó el pasado abril con la detención de personal del despacho, economistas vinculados a la firma, familiares y varios notarios. A pesar de que en diciembre se archivó la imputación de cuatro fedatarios públicos y cinco empleados, la investigación continúa activa. Se mantienen acusadas al menos una veintena de personas, entre ellos el máximo responsable del despacho, el abogado cordobes Rafael Cruz-Conde y Suárez de Tangil, en libertad bajo fianza de 200.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona al despacho con la creación de unas 800 sociedades mercantiles que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de fondos ilícitos. La magnitud de lo incautado hasta ahora en la Operación Hidalgo supera a lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operación policial contra el blanqueo de capitales en Marbella, centrada en el bufete del letrado chileno Fernando del Valle. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, 60 automóviles de lujo, además de numerosas joyas. Las investigaciones se han ampliado a cinco países de la Unión Europea y a Argentina. Durante la instrucción se ha estimado la responsabilidad civil de diez de los principales implicados en 520 millones de euros, el triple de lo que se estima que han defraudado.

La instrucción del caso Hidalgo, iniciada por el juez Francisco de Urquía, ha sido corregida recientemente por la Audiencia Provincial. Se ha destituido al administrador judicial que nombró porque sus servicios resultaban demasiado caros. Urquía dejó la investigación tras ser apartado del juzgado número 2 de Marbella por su implicación en un procedimiento derivado del caso Malaya. El magistrado Manuel Martín Hernández-Carrillo se ha hecho cargo de la instrucción.

Fuentes cercanas al caso mantienen que, en un principio, los agentes del grupo de blanqueo a cargo del caso se mostraron reticentes a que el juez Urquía instruyera la causa, aunque después decidieron dar al magistrado un voto de confianza. Tras su salida, el magistrado Martín ha citado a declarar a nuevos imputados, entre los que se encuentran el abogado Juan Germán Hoffmann, también procesado el caso Malaya.