Mijas planea legalizar "gran parte" de las 300 casas pendientes de demoler

Entre recelosos y desilusionados se quedaron ayer medio centenar de vecinos de Mijas (Málaga) cuando escucharon a su alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), decir que que se buscarán "todas las posibilidades legales y de planeamiento" para regularizar las 300 viviendas ilegales a las que ya se han notificado sanciones de hasta 120.000 euros y órdenes de demolición.

Con todo, un número "ínfimo" de esos 300 expedientes se verá abocado al derribo. Estos casos insalvables ocupan cañadas, vías pecuarias, o zonas protegidas, por lo que no existen fórmulas legales para legalizarlos. La población tiene unas 3000 construcciones con diferentes irregularidades urbanísticas. El PP, en la oposición, subrayó que la medida "no pasa de ser una declaración de buenas intenciones".

Los afectados son principalmente familias que levantaron sus viviendas en terrenos rústicos heredados de sus padres o abuelos. Medio centenar de ellos se concentró ayer a las 9.30 en la puerta del Ayuntamiento mijeño y presentaron en el Registro municipal peticiones individuales sobre el estado de sus expedientes.

A las 10.00 arrancó un pleno en el que se aprobó por unanimidad una moción para buscar las vías de regularización. Los términos jurídicos despistaron a los asistentes y en más de una ocasión se alzó la voz para pedir que se hablara "en cristiano". Para evitar malentendidos, la Asociación por la regularización de viviendas de Mijas, formada por al menos un centenar de propietarios, pedirá una reunión con el regidor. "Estamos preocupados porque nos han dicho que las multas son intocables y hay casos de hasta 180.000 euros que no se pueden asumir porque recaen sobre economías muy modestas", dijo su presidente, Juan Antonio Blanco.