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Correos dejará de repartir cartas puerta a puerta en zonas del rural

Vecinos de áreas dispersas y aisladas deberán desplazarse a un buzón comunitario

Las pisadas de los carteros, ésas que han seguido surcando las pistas embarradas pese a la pertinaz despoblación del rural, se borrarán en muchas aldeas gallegas dentro de unos meses. Un decreto del Ministerio de Fomento permite a Correos suspender la entrega de cartas a domicilio en zonas con baja densidad de habitantes o salpicadas de viviendas aisladas, unos reductos que son la excepción en Castilla o Andalucía, pero una seña de identidad en la dispersa Galicia.

445.000 gallegos viven en "núcleos diseminados" que quedarán sin servicio
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El fortín de los carteros de pueblo

Los carteros dejarán de llamar a la puerta de las casas ubicadas en "entornos diseminados" y a más de 250 metros de una carretera principal. Los moradores de estas viviendas tendrán que recoger su correo en un buzón comunitario que se enclavará en algún punto "muy accesible y de paso muy frecuente" acordado con los ayuntamientos y las asociaciones vecinales, explican desde Correos.

La empresa pública no concreta cuántas casas se verán afectadas por la medida en Galicia porque, argumenta, todavía se está realizando un trabajo de campo para identificar qué zonas reúnen las características establecidas en la norma aprobada en abril para retirarles el servicio a domicilio. El censo, sin embargo, ya alerta del fuerte impacto que el decreto tendrá en el rural: el país concentra la mitad de los 63.613 pueblos y aldeas que hay en España y son 445.000 los gallegos que viven en "núcleos diseminados" (de menos de 10 viviendas), un tercio del total de españoles en esta situación.

Repartidores y sindicatos no necesitan el estudio de Correos para temerse lo peor. Según Xosé Blanco, secretario nacional de Correos en la CIG, la medida afectará a "casi todo el rural" y dejará sin trabajo a unos 400 carteros de pueblo, de los 1.200 que ejercen en el país, mientras que la empresa insiste en que no eliminará ningún empleo.

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Con el sindicalista coincide Rafael Iglesias, que distribuye la correspondencia en Lalín (Pontevedra) recorriendo en su furgoneta 70 kilómetros al día. Este funcionario calcula que la mitad de las aldeas a las que sirve dejarán de recibir las cartas en las casas. Está convencido de que el decreto de Fomento conllevará un recorte de plantilla entre el personal laboral de Correos, integrado por la mitad de los 4.400 repartidores de Galicia. El mayor impacto lo sufrirán las provincias de Ourense y Lugo.

El cartero de Lalín cree que la norma fue redactada en los despachos del Ministerio de Fomento pensando en las urbanizaciones de Levante, esas residencias, destino de vacaciones, que están vacías la mayor parte del año. En Galicia, añade, esta "reconversión" del servicio postal se convertirá en un "ataque a un hecho diferencial".

La oficina a la que va a trabajar cada día Rafael Iglesias es una malla de caminos "en estado lamentable", atascos provocados por rebaños de vacas y casas precedidas de un laberinto. "Nuestro reparto no es como el de Andalucía, de cortijo a cortijo", ironiza. En Lugo y Ourense algunos de sus compañeros llegan a recorrer 200 kilómetros diarios para introducir las misivas en los buzones de todos y cada uno de los vecinos de su área. Y como los callejeros del campo no están escritos, al cartero no le queda otra que memorizar los nombres y apodos de los parroquianos.

La CIG, que ya ha remitido escritos a los ayuntamientos informándoles de los planes de Correos, sostiene que la supresión del reparto puerta a puerta es "discriminatorio" para los habitantes de las áreas rurales y que los buzones comunitarios atentan contra la ley de protección de datos porque ponen al alcance de cualquiera los datos personales de los ciudadanos. Correos replica que el diseño de estos casilleros "garantiza totalmente la intimidad" porque cada depósito se identificará con un número y el nombre y dirección del vecino aparecerá en un compartimento al que sólo tendrá acceso el cartero.

El personal de Correos prepara movilizaciones para intentar convencer a Fomento de que la aplicación del decreto en Galicia dejará aún más desatendida a la envejecida población del rural. Mientras, el cartero de Lalín se pregunta qué pasará con doña Josefa, una anciana de Pardesoa-Maceira que a sus 90 años y con la vista agotada precisa ayuda para leer la correspondencia que llega cada día a su aislada casa: "No me deja marchar hasta que no le digo cuánto le van a subir la pensión".

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