Olano invoca la armonización fiscal para imponer por decreto el tipo del 28%

El último día hábil, por decreto, y sin acuerdo. El culebrón del Impuesto de Sociedades en Guipúzcoa tuvo el desenlace previsto y el diputado general, el peneuvista Markel Olano, aprobó con los votos de su partido el decreto-norma que establece el tipo general del 28%. Lo hizo apelando a la armonización fiscal en el conjunto de Euskadi y en contra del criterio de la mayoría de las Juntas Generales, que debería ratificarlo. Su socio de gobierno, EA, votó en contra del "antidemocrático" decreto y puso en duda su recorrido legal, lo que genera "una inseguridad jurídica enorme" a las empresas. "Alguien deberá asumir su responsabilidad", advirtió, si al final, las firmas guipuzcoanas se ven obligadas judicialmente a tributar al 32,6%, el tipo recogido en la norma vigente hasta ahora.

El PSE instará a las Juntas a recurrir el decreto del Impuesto de Sociedades

La Cámara de Comercio ve incertidumbres en la fórmula utilizada

Tras el consejo de diputados extraordinario en el que el PNV dio luz verde al decreto, Olano presentó una vez más este instrumento como "una solución provisional" que evite la desarmonización en 2007 y se convierta en "un punto de partida" para tratar de negociar con EA y el resto de formaciones "una reforma integral" en los tres territorios de la comunidad autónoma.

Los argumentos del diputado general no encontraron eco alguno en EA. El pulso político entre ambas formaciones quedó más patente si cabe, aunque ninguna de las dos quiere poner en cuestión la continuidad del gobierno. Iñaki Galdos, primer teniente de diputado general, subrayó que su partido es el primero que ha defendido siempre una reforma integral para las tres provincias. Pero separó ese posible futuro acuerdo del decreto. "Son cuestiones totalmente diferentes", recalcó. Para él, "lo justo y democrático" hubiese sido aprobar el 5 de diciembre en Juntas el proyecto del 30%, es decir, el que tanto PNV como EA respaldaron en septiembre en el seno del Consejo de Diputados.

El contenido del decreto, que calca la norma aprobada en marzo en Álava y Vizcaya (con el 28% de gravamen general y el 24% para las pymes), se publicará en el Boletín Oficial de Guipúzcoa mañana, último día del año. Luego deberá someterse a la votación de las Juntas Generales. Todos los partidos, salvo el PNV, vienen asegurando que no convalidarán el texto. Sostienen que la vía del decreto carece de peso democrático, porque se salta a la torera el posicionamiento mayoritario de la Cámara. Pero además consideran que no existen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aplicación de este de mecanismo de urgencia.

Y aquí afloran los problemas jurídicos. Olano afirmó ayer que el decreto otorga "una seguridad jurídica definitiva" y "estabilidad tributaria para 2007" a las empresas de Guipúzcoa. El PNV defiende que el rechazo de la mayoría de las Juntas se quedaría en una reprimenda política, pero no impediría aplicar la tasa del 28% a los beneficios empresariales de este ejercicio que se liquidarán en julio, ya que el decreto se ha aprobado y se publicará dentro de este año. Precisamente el diputado general ha apurado al máximo los plazos para evitar posibles recursos judiciales dentro de este ejercicio, aunque dijo que lo ha hecho para intentar hasta última hora llegar a un acuerdo con EA.

Otro partidos y la mayoría de expertos jurídicos discuten la tesis de Olano y señalan que si el decreto no obtiene el respaldo de las Juntas quedará anulado y sin efecto alguno. El asunto, en cualquier caso, tiene todas las papeletas para acabar en los tribunales. El PSE ratificó ayer su intención de instar a la Mesa de las Juntas a presentar un recurso. Y EA y Aralar mostraron su disposición a respaldar iniciativas de este tipo en contra del decreto.

Ante la posibilidad de que el tema llegue a los juzgados, Olano insistió en que está convencido de que el uso del decreto está justificado por razones de urgencia, pese a que "algunos precedentes hayan podido trasladar otra impresión". Se refería así a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el gravamen del IBI aprobado mediante decreto el pasado año por la Diputación de Álava y ratificado por las Juntas. El tribunal establece que no está justificado regular dicha materia por decreto. Galdos se acogió a este fallo para recalcar que el decreto "no tiene recorrido jurídico".

La Cámara de Comercio de Guipúzcoa, firme defensora de la unidad fiscal y del tipo del 28%, tampoco lo ve claro. "La fórmula utilizada no elimina totalmente las incertidumbres", indicó en referencia al decreto. Mientras, el parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba remachó algo ya sabido. Su partido se opone a aplicar la Ley de Armonización Fiscal en el Parlamento vasco. "Las diputaciones y las Juntas Generales tienen sus competencias y hay que respetarlas", dijo.