"¿Por qué nadie arregló el caos en la concesión de las licencias?"
Un imputado culpa de la situación de Medio Ambiente a los altos cargos
Joaquín Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, no piensa quedarse de brazos cruzados desde su celda de la prisión de Alcalá-Meco. Imputado en el caso Guateque -que investiga la presunta trama de agilización de licencias a cambio de dinero en el Ayuntamiento de Madrid- por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, Fernández de Castro señala en una carta de nueve folios redactada el pasado 8 de diciembre que la situación en su departamento era "caótica", y se pregunta por qué nadie arregló lo que sucedía.
"No hay ningún indicio que me implique en ningún acto delictivo"
El imputado asegura que los expedientes tardaban dos años en resolverse. "He tenido que lidiar con una situación difícil, sin medios para resolverla y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que conociendo el problema no tenían interés en resolverlo", afirma en la misiva. Y puntualiza que no ha favorecido "a nadie". Fernández de Castro agrega una pregunta retórica: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejal [en alusión a la ex edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras, o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], al director general [Ramón Sánchez] o al departamento?". Y pasa a insinuar el derroche municipal: "¿Por qué el anterior equipo de gobierno del área de Medio Ambiente no contrató una asistencia técnica para solucionar el problema? Posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]".
Precisamente del alcalde se acordó ayer el portavoz socialista municipal, David Lucas, que aseguró que "ante las declaraciones de cargos de confianza del Ayuntamiento como era Fernández de Castro, Gallardón debería responder si conocía esta situación, y si fuera así debería aclarar por qué no hizo nada". Según Lucas, la modificación de las normas para la concesión de licencias (las ordenanzas de evaluación ambiental y de concesión de licencias urbanísticas) no ha sido eficaz. "Sólo ha servido para favorecer el caos", dijo.
En la carta de Fernández de Castro, titulada Reflexiones desde el chabolo número 40, el imputado revela parte de sus declaraciones ante el juez del caso, Santiago Torres. "¿De dónde proviene su importante patrimonio?", interroga el magistrado. "De 40 años de trabajo, herencias y rentas del capital que tengo en dos entidades financieras", responde el acusado. El empleado municipal desde 1968 niega una por una todas las acusaciones. Así, dice no a que su departamento generara "un fondo de cohechos que se repartían entre todos los funcionarios", a que "la mitad de las cantidades que pedía Victoriano Ceballos [funcionario de Medio Ambiente, también imputado]" fueran para él, a que "prefiere una cantidad mejor que muchas pequeñas" o a que "exigía el adelanto de pagos", algo que supuestamente declaró Ceballos.
En la carta, Fernández de Castro dice estar "pasándolo mal" en prisión. "Máxime cuando sabes de tu inocencia", señala. Detenido desde el pasado 14 de noviembre, Fernández de Castro afirma que "peor que estar en la cárcel es el deterioro de mi persona y la humillación a la que me he visto expuesto". El imputado, seguro de su inocencia, se arriesga a decir: "Me han tenido intervenidos mis teléfonos durante meses. Por las preguntas que me han formulado o que han formulado a los implicados no hay nada, ninguna conversación comprometida, ningún indicio que pueda probar mi implicación en algún acto delictivo".
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