Campaña del Consell por una ley que Zapatero lleva al Constitucional

El Consell ha decidido replicar con publicidad a la decisión del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de llevar al Tribunal Constitucional la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que entrará en vigor la próxima primavera. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, presentó ayer una campaña de publicidad institucional que se iniciará hoy mismo y que proseguirá tras el paréntesis de la campaña electoral. Con esta campaña -que se difundirá a través de Ràdio Televisió Valenciana, cines, metro y la red de Cercanías- el Consell pretende dar a conocer la legislación que fija nuevos derechos y obligaciones a los enlaces matrimoniales en la Comunidad Valenciana. "Mientras nadie [del Constitucional] nos diga lo contrario seguiremos adelante", sentenció Castellano, pese a la situación de inseguridad jurídica que se podría generar si el TC da la razón al Gobierno.

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La nueva ley, que entrará en vigor el próximo 25 de abril, introduce modificaciones importantes en la ordenación del matrimonio. La mayor es que, por defecto, todos los casamientos que se realicen a partir de la próxima primavera se regirán por el régimen de separación de bienes. Y no el de gananciales, que es el utilizado hasta ahora, a no ser que, expresamente, la pareja opte por la separación de bienes.

El Gobierno considera que los principales artículos de la nueva ley valenciana que regula el matrimonio entran en colisión con la Constitución. Para el Gobierno, las Cortes Valencianas no pueden ampliar su capacidad de legislar sobre la base de un derecho civil foral que no está recogido en la Constitución, como sí ocurre con autonomías como Cataluña y Navarra.

Por su parte, el Consell considera que la recuperación del derecho foral está recogida en el nuevo Estatut, votado por PP y PSOE, y que la Constitución recoge el derecho de las autonomías a desarrollar sus propios derechos civiles allí donde existiesen antes de la aprobación de la Carta Magna en 1978. Castellano argumentó ayer que el derecho foral valenciano es, con diferencia, el más completo y desarrollado de España.

"Queremos exigir al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad", dijo Castellano, que cree que el recurso busca mantener los privilegios de determinadas autonomías.

La ley valenciana contempla una detallada carta, basada en el derecho foral, de contratos de desposorio, con fórmulas ya utilizadas en otras autonomías.El pleito que ha planteado el Gobierno al Consell no es una cuestión menor, ya que el Tribunal Constitucional debe dirimir si es lícito utilizar un Estatuto de autonomía para estirar la Constitución. De hecho, partidos como Esquerra Unida (que votó a favor de la ley de Régimen Económico Matrimonial mientras el PSPV-PSOE se opuso) o Esquerra Republicana apoyan la vía utilizada por el PP de la Comunidad Valenciana para salvar el actual marco constitucional sin necesidad de recurrir a su reforma. Una fórmula que también han ensayado los partidos catalanes en la reforma del Estatuto y que han copiado otras autonomías.

En ese contexto, Castellano intentó ayer desvincularse [sin mencionarlos] de partidos federalistas y soberanistas al proclamar: "No queremos 17 agencias tributarias, ni 17 consejos generales del poder judicial y somos ejemplo de sentido común, pero somos los únicos a los que el Gobierno castiga y recurre la ley al Constitucional". "Es un agravio al pueblo valenciano", dijo.

El precedente jurídico más cercano sobre un pleito similar es el recurso del Gobierno al Constitucional contra la ley valenciana de Arrendamientos Históricos, aprobada durante la presidencia de Joan Lerma en 1986 y destinada a regular una situación contractual ajena al derecho castellano y basada en el derecho civil valenciano anterior a la derogación de los fueros.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 1992 solucionó entonces el conflicto competencial al entender que, en este caso, existía un derecho civil valenciano, vigente en el momento de aprobarse la Constitución, pero no porque estuviese compilado, sino por la vía de la costumbre. Argumentación con la que el Constitucional limitaba a la Generalitat la posibilidad de legislar en materia de derecho civil valenciano más alla de cuestiones anecdóticas.

El Consell que preside Francisco Camps interpreta ahora que la nueva redacción del Estatut concede la base suficiente como para promulgar nuevos textos legales que estructuren instituciones determinantes en la vida de los valencianos como la familia o el derecho sucesorio. De hecho, el consejero de Gobernación reconoció ayer que en los próximos meses presentará al pleno del Consell el proyecto de ley del Derecho Sucesorio Valenciano, con el que se pretende fijar una nueva carta de derechos y obligaciones a las herencias, donaciones y transmisiones. Una cuestión tanto o más importante que la ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano en una autonomía como la valenciana donde la empresa familiar tiene peso específico propio.

Castellano confesó: "Si el recurso del Gobierno prospera ante el Tribunal Constitucional descabezará la ley valenciana porque afecta a cuestiones fundamentales como la separación de bienes, la germanía o el trabajo para la casa", confesó ayer el consejero de Gobernación, que añadió: "Sería una mutilación de la ley que la dejaría desdibujada". Y, además, bloquearía las aspiraciones de recuperar el derecho civil valenciano del Consell, que ha creado grupos de trabajo específicos para compilar, revisar y actualizar los fueros.

En este contexto, la diputada de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados, Isaura Navarro, ya planteó en la legislatura que ahora acaba la necesidad de reformar el artículo 149 en su apartado uno, regla octava de la Constitución para permitir que las comunidades autónomas que tengan reconocido el derecho civil propio en sus Estatutos puedan legislar en esta materia.