El Gobierno lleva al Constitucional la ley matrimonial de régimen foral

El Gobierno central acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial. El recurso del Gobierno supone un serio tropiezo para la primera ley autonómica con la que el Consell, que preside Francisco Camps, intenta recuperar el derecho foral valenciano.

El Ejecutivo central discute cómo se regula la separación de bienes

Rambla sostiene que el Consell debe gestionar toda la ayuda a la vivienda

Esta ley de Régimen Económico Matrimonial, que fue aprobada en las Cortes Valencianas con el apoyo del PP y Esquerra Unida y la oposición del PSPV, recupera la costumbre foral que fijaba la separación de bienes en los matrimonios, en vez del régimen de gananciales que preside el derecho castellano en vigor. La ley elaborada por el Consell, y contestada desde sus primeros compases, tiene tal complejidad de instauración que incluyó una disposición adicional retrasando su entrada en vigor hasta abril de 2008. Aunque una vez sea de aplicación, todos los nuevos matrimonios formalizados en la Comunidad Valenciana -a no ser que se pida expresamente el régimen de gananciales de la legislación estatal- se regularán por esta nueva carta de derechos y obligaciones.

El recurso del Gobierno al Constitucional cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. En la argumentación del recurso, el Ejecutivo recuerda que el artículo 149 de la Constitución establece que, en el ejercicio de la competencia autonómica, se requiere que el derecho que vaya a ser objeto de conservación, desarrollo y modificación tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de regulación pasada.

El Consell argumenta que el nuevo Estatuto de autonomía reconoce la competencia de las instituciones valencianas para recuperar los fueros abolidos en 1707. El derecho foral, a diferencia del vasco o el catalán, no está recogido en la Constitución y el nuevo Estatuto de autonomía valenciano es la primera ley de rango orgánico donde se recoge la posibilidad legal de recuperar normas forales, aunque siempre al amparo de la Constitución española.

El Gobierno discrepa, fundamentalmente, de los artículos referidos al régimen legal de la separación de bienes, la carta de nupcias y las capitulaciones matrimoniales. También se cuestiona la introducción de figuras como la germanía -una figura jurídica que permite a los cónyuges aplicar el régimen de gananciales a determinados bienes- y determinadas reglas relacionadas con la compensación del trabajo doméstico.

Por su parte, el Consell replicó ayer iniciando el trámite para llevar ante el Constitucional el decreto que regula la renta básica de emancipación de los jóvenes -las ayudas para alquilar una vivienda- que concede el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, explicó que el Ejecutivo valenciano ha interpuesto requerimiento de incompetencia al Gobierno por la renta de emancipación. Este es el primer trámite para acudir con posterioridad al Constitucional.

Según Rambla, estas ayudas del Gobierno a los jóvenes para que accedan a una vivienda son una "injerencia constitucional" en las competencias de la Generalitat en materia de vivienda.

"Lo que está haciendo el Gobierno de facto", prosiguió Rambla, "es sustraer competencias autonómicas de titularidad exclusiva". El vicepresidente primero argumentó que lo razonable sería que el Estado transfiriera estos fondos destinados a subvenciones a las autonomías para que las mismas puedan disponer de las ayudas lo antes posible para adaptarlas a las peculiaridades de sus respectivos territorios.

Rambla aseguró, no obstante, que el inicio del trámite para solicitar la inconstitucionalidad no supondrá la paralización de las ayudas que destina el Gobierno a los ciudadanos en la Comunidad Valenciana.