Archivo de cuatro imputaciones de notarios en el 'caso Hidalgo'

El nuevo instructor de la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella (Málaga) en abril ha sobreseído la imputación de cuatro notarios y cinco familiares y empleados del bufete implicado al considerar que "no han tenido participación en las conductas que motivan la causa".

La decisión, notificada el 18 de diciembre, reduce hasta la veintena el número de acusados. A pesar de ello, el instructor precisa que el caso sigue en marcha: "Existen indicios suficientes como para continuar la investigación por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales".

La Fiscalía Anticorrupción relaciona el despacho Cruz-Conde con unas 800 sociedades que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de fondos de procedencia ilítica. La magnitud de lo incautado hasta ahora en la Operación Hidalgo supera a lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operación policial contra el blanqueo de capitales en Marbella. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, 60 automóviles de lujo, además de numerosas joyas. Las investigaciones se han ampliado a cinco países de la Unión Europea y a Argentina.

Las personas sobre las que se han retirado los cargos son los notarios Joaquín María Crespo Candela, Mauricio Pardo Morales, Amelia Bergillos Moretón y Manuel Tejuca Pendás, este último recientemente jubilado. El instructor estima que han participado como fedatarios públicos en la constitución de sociedades promovidas por los integrantes del despacho de abogados Cruz Conde y la asesoría fiscal Santa Ana 1 que, según los investigadores, resultaban "imprescindibles" para ocultar e invertir los capitales ilícitos, pero precisa que "no se desprende, en modo alguno, la existencia de connivencia con los sujetos que constituían las sociedades".

El magistrado subraya que el número de sociedades constituidas por cada notario se ha hecho un periodo relativamente amplio y que algunas de esas sociedades se constituyeron antes de 1993, fecha en la que entró en vigor la normativa que les obliga a notificar cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales.

Según el auto, Amelia Bergillos tramitó 27 sociedades entre 1982 y 2006, Joaquín Crespo, 15 entre 1997 y 2005, y Manuel Tejuca constituyó la mayoría de las mercantiles investigadas en el año 1992. Mauricio Pardo gestionó unas 150 en un periodo de ocho años, entre 1997 y 2005. "Ni siquiera parece ser de aplicación la imprudencia en la posible comisión de los hechos analizados, pues ha de ser grave o temeraria y referirse al conocimiento de la procedencia de los bienes, con extrema dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida", señala el magistrado.

El juez ha decidido archivar las imputaciones contra los trabajadores de las empresas vinculadas al despacho Cruz Conde -Pastora Nicolás, Adelina Ruiz y Juan Ramón Pedregosa- después de considerar que actuaron "sin capacidad de decisión, gestión o control" y se limitaron al cumplimiento de las directrices que les daban sus superiores, y mantiene que no se ha podido demostrar hasta el momento la implicación con los hechos investigados de María Teresa Roca y María Pilar Puig, familiares de Rafael Cruz Conde y Guzmán de la Calle, dos de los principales imputados.

La instrucción del caso Hidalgo, iniciada por el juez Francisco de Urquía, ha sido corregida recientemente por la Audiencia Provincial. Se ha destituido al administrador judicial que nombró porque sus servicios resultaban demasiado caros. Urquía dejó la investigación tras ser apartado del juzgado número 2 de Marbella por su implicación en un procedimiento derivado del caso Malaya.

El pasado octubre, el juez citó a declarar a nuevos imputados entre los que se encuentran el abogado Juan Germán Hoffman, también procesado el caso Malaya, el director financiero del grupo propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, el director de uno de estos establecimientos y un asesor fiscal.