Los juzgados de violencia doméstica cursan unos 5.000 casos en Valencia

Cada día, en la ciudad de Valencia, llegan detenidos al juzgado de violencia sobre la mujer que atiende las causas urgentes, cuatro o cinco hombres. Esa media, en fin de semana, los juzgados de instrucción en funciones de guardia la superan hasta doblarla en muchos casos. Un mes sin fiestas extraordinarias, sin puentes, la cifra oscila entre los 120 y los 150. Cuando las festividades prolongan las posibilidades habituales de convivencia familiar, las denuncias se disparan.

Los días festivos disparan el número de casos en los juzgados

"Cada vez hay más denuncias del entorno familiar", asegura un juez

"Este juzgado, el número uno de violencia sobre la mujer de Valencia, está de urgencias la semana de Navidad. Estamos temiendo la que se viene encima". Lo dice una de las funcionarias del juzgado, una de las que está desde que entrara en funcionamiento la oficina hace dos años y medio.

Las cifras revelan la parte de la violencia sobre la mujer que se conoce. José María Gómez es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número uno de Valencia. Empezó solo hasta que hace poco más de un año entró en funcionamiento el dos y hace medio año el tres. Su media de asuntos: 2.000 al año. La cifra que sumarán los tres cuando finalice 2007 no estará lejos de los 5.000 casos. La oficina trabaja con una juez de refuerzo: Carmen López Carbonell.

A fecha 15 de diciembre, el juzgado de José María Gómez acumulaba 1.457 denuncias convertidas en diligencias previas; 442 juicios rápidos; 212 procedimientos abreviados; 96 asuntos de faltas; 150 procedimientos civiles; 90 sentencias de conformidad (las únicas para las que es competente este juzgado porque si no son de conformidad pasan a penal); 500 medidas cautelares resueltas (órdenes de protección/alejamiento).

"No ha descendido el número de asuntos que vemos, se ha ido incrementando. Y ha habido muy pocas variaciones respecto a lo que nos encontramos al llegar. Tal vez hay un ligero incremento de denuncias presentadas por terceras personas, familiares o vecinos, y se ha ido incrementando el número de denuncias con inmigrantes como protagonistas", afirma el juez. "Creo que cada vez hay más denuncias del entorno, de madres por la violencia que puedan estar sufriendo sus hijas, de hermanas o hermanos".

El desarraigo, una cierta marginalidad y la presencia del alcohol forman una combinación, explica el juez, que junto a patrones culturales muy arraigados que suelen tener a los celos como detonante describen la mayoría de los casos de inmigrantes que denuncian a sus parejas. Son más los casos de españoles, pero la proporción sobre la población de los casos de extranjeros es mayor. La pauta la recogen los datos del primer trimestre de 2007 del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género: el 67,6% de las mujeres con orden de protección son españolas. En la Comunidad Valenciana, según esos mismos datos, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se denunció a 610 hombres españoles frente a 380 extranjeros entre enero y marzo de este año. Las víctimas: 638 mujeres españolas y 383 extranjeras.

Pilar Gil, responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de Valencia, apunta que "las mujeres inmigrantes tienen problemas añadidos a la hora de denunciar, porque su situación es muy frágil". "Si es irregular, lo más que podrá conseguir es que consiga un permiso de residencia, pero no podrá beneficiarse de las políticas de ayuda a la inserción labora", relata. "Y si él no está legal, tal vez el episodio de violencia no servirá para que lo expulsen", añade.

Gil insiste no sólo en la necesidad de educar sino en la urgencia de coordinar todos los casos. "Compruebo como solapamos actuaciones, se utilizan mal muchos recursos y se desaprovechan profesionales excelentes atrapados en un sistema que plantea muchos problemas y dificulta muchas soluciones, aunque haya cosas que sí funcionen", indica.

Francisco De Asís Silla, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, tramita la violencia sobre la mujer cuando está de guardia. "Esa violencia y la que no es competencia del juzgado especializado pero que sí se produce en el seno de la familia, y que puede suponer entre un 5 y un 10 por ciento". Ha visto todo tipo de gente implicada en violencia contra la mujer, de catedráticos a obreros.

El juez reconoce que las órdenes de protección plantean problemas cuando son medidas cautelares si la víctima rechaza que se le imponga o regresa con el agresor, o convive con él. Por ello cree que, sin que deba ser determinante, debería escucharse a la mujer.

Precisa el magistrado que "el riesgo es muy difícil, dificilísimo de valorar, porque no somos profetas, no podemos saber cómo va a actuar alguien, pero a veces hay elementos, como un parte médico, para objetivarlo mínimamente". Defiende que se imponga incluso cuando la mujer la rechaza si, entre otros, nos encontramos ante supuestos claros de dependencia emocional, de tolerancia a la violencia, como es el caso, dice, de algunas mujeres, cuando hay reincidencia, cuando el hecho que se ha denunciado es grave o hace presumir un comportamiento grave.

Silla cree que la ley de Violencia contra la Mujer ha generado un procedimiento que plantea algunos problemas. "Estaba mejor antes", afirma. Para el magistrado, la victimización secundaria es un factor a considerar. La nueva ley obliga a la víctima que acude a un juzgado de guardia a volver a repetir la misma declaración dos días después ante el juez de violencia, y si no hay conformidad, ante el de Penal. "Estos asuntos ya tenían preferencia y en la medida que no hay un único juzgado de violencia, no puede haber unificación de doctrina porque cada uno tiene una visión".