El tránsfuga de Dénia boicotea la suspensión de licencias en Les Marines

La debilidad del gobierno local de Dénia, liderado por la socialista Francisca Viciano en coalición con el Bloc, tras el pase del edil del PSPV Juan Collado al Grupo Mixto, quedó ayer de manifiesto en la reunión de la gerencia de Urbanismo. El tránfuga se alineó con la oposición y obligó a dejar sobre la mesa la suspensión de licencias en Les Marines mientras se ejecutan los nuevos acesos a la playa.

La gerencia de Urbanismo planteó la suspensión de licencias en Les Marines para ejecutar los accesos a la playa de acuerdo a lo fijado en la Ley de Costas de 1988 e indicaciones del Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo. "Dejarlo sobre la mesa supone seguir infringiendo la ley", explicó el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Grimalt, quien no entiende la actitud de Collado, quejándose del urbanismo de la alcaldesa e impidiendo a la vez la suspensión de licencias para acometer los accesos a la playa. Unos accesos que la ley obliga a situar cada 200 metros, que "solo comportarían la suspensión de licencias en aquellas zonas en las que no los hubiera".

El voto del edil tránsfuga también resultó crucial a la hora de dejar sobre la mesa otros dos puntos relacionados con el urbanismo: la recalificación como suelo dotacional privado de unos terrenos en el claustro del convento de San Francisco y en el Colegio Alfa y Omega, para acometer mejoras. En este caso, el motivo esgrimido por la oposición, incluido Juan Collado, fue el de que los informes estaban firmados por Joan Frasés y Pedro Gómez, técnicos reprobados por el pleno de la Corporación. Los votos de la oposición y del tránsfuga están provocando un bloqueo de la acción de gobierno, que podría afectar también al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por otro lado, el equipo de gobierno pedirá la prórroga de un año más del Plan General transitorio (el documento vence en enero) mientras se redacta el nuevo PGOU, que se marcó como principal objetivo al inicio de la legislatura. Los planes de participación ciudadana en el paisaje han demorado el proceso, según Vicent Grimalt, hasta hacer necesaria "una prórroga que evite otra anulación", como pasó con los planeamientos de 1992 y 2000. La solicitud debe llevarse a pleno, y de no tramitarse antes de finalizar el plan transitorio, supondría la vuelta automática al PGOU de 1972 el último plenamente vigente, por la anulación de los anteriores.