El fiscal solicita la absolución del arzobispo de Granada en el juicio

La Fiscalía reiteró ayer su petición para absolver al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, en el juicio en su contra por presuntas injurias, calumnias, coacciones y acoso moral a un sacerdote, y que quedó visto para sentencia. El Ministerio Público ya había solicitado el archivo de la querella, pese a lo cual el Juzgado de Instrucción 1 de Granada decidió la apertura del juicio oral. El fiscal calificó ayer el polémico proceso como "insólito y único", y argumentó que la actitud del prelado sólo responde a "una actitud disciplinaria dentro de una organización que en ningún caso pudiera valorarse en la jurisdicción penal".

El abogado del arzobispo considera que la querella está "infundada"

La acusación estima que el supuesto acoso está cercano al mobbing laboral

El fiscal destacó ante el juez Miguel Ángel Torres que ninguna de las pruebas practicadas, ni los testimonios aportados en el caso demuestran la culpabilidad de Martínez, de quien dijo ha podido sentir "el acoso, la vejación y la humillación", al convertirse en el primer prelado español en la historia que afronta un juicio. "Todas las medidas emprendidas por el arzobispo fueron llevadas a cabo con legalidad, en uso del ordenamiento canónico y con posibilidad de defensa del sacerdote", defendió el fiscal.

El abogado del arzobispo criticó que la querella está "infundada" y motivada por "intereses manifiestamente impuros", que expresan la deslealtad del cura respecto a su Iglesia. El arzobispo reclamó su inocencia tras elevarse a definitivas las conclusiones: "No he querido hacer daño a nadie y sólo buscaba gobernar bien la Iglesia", alegó.

El deán de la catedral, Sebastián Sánchez, declaró por la mañana como testigo de la defensa para criticar la actitud del sacerdote querellante: "Si hubiera obedecido, seguiría como sacerdote. Si un clérico se rebela ante su arzobispo, pueden venir apariencias de coacciones". El cabildo arguyó que la publicación del libro sobre la catedral, coordinado por Martínez Medina y cuya paralización motivó su enfrentamiento con el arzobispo, fue apoyada por el Cabildo, pero que éste quería evitar que el libro fuera propiedad de Cajasur. Sánchez explicó que el Cabildo acordó no prorrogar el convenio marco con la caja de ahorros porque entendía que "limitaba por completo su autonomía".

Entre otros testigos, el ex vicario Miguel López, defendió la autonomía del prelado para destituir sus cargos de confianza sin dar explicaciones y recordó que el sacerdote le debía obediencia al arzobispo: "Tenía una ocasión de oro para vivir en paz".

Por su parte, la acusación particular, que pide una multa de casi 50.000 euros, ha advertido de que el acoso que imputa a Martínez está muy cercano al "mobbing" laboral. Durante la vista, una perita psicóloga aportó un informe del ex canónigo que pone de manifiesto cómo éste presenta una "sintomatología compatible con el acoso laboral".