El PP intenta mantener el bulo en que basa su recusación de tres magistrados

El PP va a intentar desarticular las pruebas que demuestran que sustentó la recusación de tres magistrados constitucionales sobre una información de El Mundo, desmentida por seis magistrados, incluidos dos del sector conservador. En sus alegaciones presentadas ayer, el PP exige que dicha carta no se incorpore al proceso ni sea tomada en consideración; reclama que se vean en primer lugar la admisión de las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados conservadores y amenaza incluso con acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se aceptan sus alegaciones.

La información de El Mundo afirmaba que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, los magistrados Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps se mostraron favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC), en cuanto prorrogaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente. Esa información sirvió para que el PP, a través de sus diputados Ignacio Astarloa y Federico Trillo articulase las recusaciones.

Sin embargo, los seis magistrados que estuvieron en esa reunión, entre ellos el vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, y el magistrado de ese mismo sector Ramón Rodríguez Arribas, firmaron una carta dirigida al presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, en la que aseguraban que "lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión del 12 de junio (...) no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida por el diario El Mundo del 25 de octubre".

Además, el 14 de noviembre, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas insistió en que, contra lo expuesto en El Mundo, "en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la LOTC, nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que se reservaba las opiniones para el Pleno".

Prueba preconstituida

La claridad con que ambos escritos reflejan la realidad de lo sucedido en el despacho de Casas ha llevado al PP a recabar todo tipo de formalismos para impedir que las cartas surtan efecto y conduzcan al rechazo de plano de sus tres recusaciones.

Así, según fuentes del PP, las alegaciones presentadas ante el Tribunal siguen la línea de los votos particulares discrepantes de los magistrados recusados por el Gobierno, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Según éstos, la carta desmintiendo a El Mundo fue una "prueba preconstituida" para "propiciar la exculpación de los procesados" por lo que exigen su exclusión del proceso y la "devolución del escrito a sus autores". Así, lo único que quedaría en el expediente sería una información que no responde a la realidad pero sin desmentido alguno.

También exigen que el Tribunal examine en primer lugar la admisión a trámite de las recusaciones del Gobierno contra los dos magistrados afines al PP en vez de seguir el orden del Pleno propuesto por su presidente en funciones, Vicente Conde, quien determinó que se vieran primero las del PP contra los tres magistrados progresistas.

El PP, siguiendo los votos particulares de sus dos magistrados afines, también entiende que la carta de Rodríguez Arribas desmiente la primera que firmó ya que, como sostiene García-Calvo en su voto, el desmentido de Rodríguez Arribas a El Mundo "no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en la reunión del 12 de junio".

Por último, y en apoyo de que en un Pleno supuestamente se debatió la reforma de la LOTC, aportan dos recortes de informaciones de este periódico de fechas 4 y 5 de julio, que en realidad recogen la fracasada pretensión de García-Calvo y Rodríguez-Zapata de que el Pleno debatiese la reforma, lo que fue rechazado con los votos de los otros 10 magistrados.