El fiscal pide 7 años y medio por cinco muertes en un geriátrico de Massamagrell

El 28 de junio de 2006 un incendio acabó con la vida de cinco enfermos internados en la enfermería de la residencia San Lorenzo de Brindis, en Massamagrell. Las víctimas estaban sin vigilancia, encerradas bajo llave, una de ellas atada con correas a la cama. El incendio se produjo por una anomalía eléctrica en el cable del compresor del colchón sobre el que estaba la persona atada por las muñecas y los tobillos. La investigación ha concluido y el fiscal solicita siete años y seis meses de prisión a cada imputado: el dueño de la residencia, su hijo, el director, y el médico.

El fiscal acusa por homicidio imprudente y fija en 120.000 euros las indemnizaciones

La responsabilidad civil directa corresponde a las aseguradoras Ocaso y Agrupación Mutual Aseguradora. La subsidiaria, siempre según el escrito de acusación del fiscal, a la sociedad Residencial Mas Grell, S.L., mercantil propiedad de uno de los acusados y dedicada a la explotación de centros residenciales, vacacionales y de tercera edad.

La fiscalía dirige su acusación contra Alberto Martínez Beneyto, propietario de la residencia y de la mercantil Residencial Mas Grell, S.L., Alberto Martínez Moreno, hijo del propietario "con categoría de administrativo ejerciendo de facto las funciones de director cuando su padre no estaba; Juan Felipe García Navarro, director de la residencia; y José Vicente Alfonso Aquilino, médico del centro".

Según consta en el escrito del fiscal, "los acusados habían tomado el acuerdo de que cuando los enfermos se encontraran en la enfermería de la residencia y no estuviera con ellos ninguna persona, se debía cerrar con llave la puerta que une la enfermería con el pasillo".

El 28 de junio de 2006 había cinco internos en la enfermería: Vicente Juan San Feliu tenía 50 años, padecía una parálisis cerebral que le obligaba a estar permanentemente en cama, no tenía movilidad. Martina González Charandier, de 55 años, padecía una enfermedad llamada Corea de Huntington con deterioro intelectual e imposibilidad de moverse. En otra cama, estaba Manuel Porta López, de 65 años. Tenía diagnosticada una oligofrenia epiléptica que también le restaba movilidad. Alberto Martínez, padre del dueño de la residencia, ocupaba otra de las camas de la enfermería. Tenía 82 años. Y el quinto interno en esa dependencia era David Hernández Maravillas, de 30 años. Padecía un trastorno de la personalidad y un retraso mental leve. David, según relata el fiscal, había tenido aquel día una tarde violenta y "había sido sedado por el médico y atado a la cama con correas ajustadas a las muñecas de sus brazos y tobillos de sus piernas". A las 19.20, David, aún estando sujeto, consiguió, moviéndose, "desplazar la cama y coger el cable eléctrico que alimentaba el compresor de aire a presión que se encontraba funcionando conectado al colchón antiescaras colocado en la cama y, ante alguna anomalía eléctrica, se desencadenó un sobrecalentamiento por resistencia que provocó la ignición del aislante del cableado que, al estar entre las sábanas y el colchón, produjo el incendio en la enfermería". Murieron abrasados. No tuvieron escapatoria. La entonces consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, negó en el lugar de los hechos que los enfermos estuvieran encerrados bajo llave. La investigación de bomberos y policías demostró lo contrario. Pero la autonomía de la Residencia y del médico en las decisiones respecto a la adecuada atención a los pacientes exime a la Administración de responsabilidad. El fiscal recoge en su escrito: "En el momento de producirse el incendio, los enfermos se encontraban en la enfermería sin vigilancia alguna y con la puerta de la misma cerrada con llave. Todos los acusados eran sabedores de que cuando se dejaba a los enfermos en la enfermería con la puerta cerrada no se encontraban vigilados por ninguna persona".

Para el ministerio fiscal, los hechos son constitutivos de cinco delitos de homicidio imprudente, le pide a los cuatro imputados un año y seis meses de cárcel por cada uno de ellos, un total de siete años y seis meses, y una indemnización solidaria y conjunta de 120.000 euros a los herederos de David Hernández, de Juan San Feliu y de Manuel Porta. Los familiares de las otras dos víctimas no reclaman. Para todos los casos, la responsabilidad civil directa corresponde a las compañías Ocaso S.L. y Agrupación Mutual Aseguradora, y la responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad Residencial Mas Grell S.L.