Los conservadores intentan proteger de la recusación a dos jueces del Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el juez conservador Vicente Conde, impuso ayer la redacción de un nuevo texto en la resolución que debe excluir a la presidenta del recurso del PP contra la prórroga de su mandato. El nuevo texto intenta blindar a los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata frente a una posible recusación por parte del Gobierno. El sector conservador pretende evitar así que la doble recusación reduzca de cinco a tres el número de conservadores en un tribunal en el que ahora tienen mayoría gracias al voto de calidad de Conde.

El pleno presidido por Conde e integrado por cinco progresistas y cinco conservadores debía aprobar la redacción del auto por el que quedan apartados del pleno que debe juzgar el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente Guillermo Jiménez. La nueva redacción fue encargada por la mayoría conservadora al ponente Pablo Pérez Tremps (progresista), cuya primera propuesta de rechazar las abstenciones de Casas y Jiménez fue tumbada gracias al voto de calidad del presidente en funciones Vicente Conde.

Pérez Tremps presentó ayer al pleno un nuevo proyecto de resolución en el que se estimaban las abstenciones de Casas y Jiménez, pero los conservadores, tras examinarlo someramente, se lo devolvieron para que lo redacte de nuevo, con directrices muy precisas. El ponente debía incorporar a la resolución la filosofía de que las abstenciones y las recusaciones deben ser excepcionales, para evitar que se altere la composición del Tribunal.

Según fuentes de expertos constitucionalistas, tras esa inocente indicación se está tratando de blindar a los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata ante la anunciada recusación de ambos por el Gobierno, por tener interés en el recurso del PP. El Ejecutivo se ha planteado la recusación de ambos a raíz de que el pasado mes de julio exigieron, en una carta dirigida a la presidenta María Emilia Casas, la inmediata dimisión de ésta por entender que la prórroga de su mandato no la legitimaba para seguir en el cargo. Además, de una forma un tanto inusual para dos magistrados que deben juzgar la constitucionalidad de una ley, ambos anticiparon su más "profunda discrepancia" con la norma y aseguraron que no servía de cobertura a la prórroga del mandato de la presidenta.

La 'enmienda Conde'

El nuevo texto encargado a Pérez Tremps, a través de la enmienda del sector conservador, trata de establecer, como criterio del pleno, la excepcionalidad de las recusaciones, con miras a aplicar después ese mismo criterio restrictivo para impedir que prosperen las de García-Calvo y Rodríguez Zapata.

Porque de ser recusados por el Gobierno, estos dos jueces conservadores no podrían asistir al pleno que tramite sus recusaciones. Dicho pleno quedaría integrado por cinco progresistas frente a tres conservadores, momento crítico que aguardarían los primeros para apartar del pleno a García-Calvo y Rodríguez Zapata y recuperar el control sobre el recurso del PP que ataca la prórroga del mandato de la presidenta.

Pérez Tremps recibió el encargo de rehacer su auto dando entrada a las nuevas directrices de los conservadores. Pero no se llegó a hacer ninguna nueva votación, puesto que en su reunión anterior, el voto de calidad de Conde ya dirimió el empate a favor de que no participen Casas y Jiménez en el pleno sobre sus mandatos. Cuando Pérez Tremps rehaga su auto se convocará de nuevo el pleno, previsiblemente el jueves.

Fuentes del Constitucional indicaron que "es factible" que Vicente Conde decida no presentarse a la elección como presidente, como parece haber dicho ahora, "lo que no quiere decir que no esté en la operación para descabalgar a la presidenta María Emilia Casas", señalaron.

Precisamente, el hecho de que el propio Conde dé por buena la posibilidad de "tener que elegir un nuevo presidente" da idea de la existencia de una operación de asalto a la presidencia del Constitucional, según las mismas fuentes. Y de no presentarse Conde, aún podrían disputar la presidencia a Casas el vicepresidente Guillermo Jiménez, o el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, que tiene la misma antigüedad que la presidenta y tienen mayor edad que ella. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, calificó ayer de "anómala" la situación del Constitucional y pidió a los partidos políticos que no interfieran en su labor.